Advierte de las "nefastas" consecuencias que tiene para la fama y el honor de ambos el someterlos a "pena de banquillo"

Solicita dos años de cárcel para los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce

El PSOE, personado como acusación popular en el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en la sociedad mixta Mercasevilla, no ha acusado finalmente dentro de este caso ni al ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, ni a María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, debido a "la más que palpable debilidad del material probatorio".

En el escrito de acusación elevado este martes al Juzgado de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado que ejerce la acusación en nombre del PSOE, Ángel Prados, recuerda que la propia juez instructora, Mercedes Alaya, dijo que "a nadie le escapa que, si bien, existen indicios sólidos respecto de la participación de Fernando Mellet y Daniel Ponce, este material probatorio al momento presente es más débil si nos referimos a los inculpados Rivas y Pereira".

"Es precisamente la más que palpable debilidad del material probatorio, con las nefastas consecuencias que tiene para ambos el someterlos a pena de banquillo, lo que hace que esta acusación popular, con tan débil material probatorio, pese a la profusa investigación sumarial desarrollada, llevada hasta la extenuación en una loable actuación de la instructora, no entienda lo más adecuado mantener ambas imputaciones", apostilla el letrado en el escrito.

"gravísimas" consecuencias a su fama y honor

En este sentido, argumenta que "si es débil el material probatorio que se deriva de la instrucción, sería más procedente no sostener la imputación dada las gravísimas consecuencias que el mero hecho de acudir como imputados al procedimiento provoca en la fama y honor de ambos, y es ello lo que determina fehacientemente a esta parte a no someter a nadie a los perniciosos efectos de una imputación penal, y menos si se trata de quienes no son delincuentes habituales".

Tras ello, sigue diciendo que, por ello, "moralmente, nos es de todo punto inviable en estas circunstancias mantener la imputación de Rivas y Pereira, y no por ningún peculiar ejercicio de la acción popular, sino por pura congruencia personal con la forma de entender el principio acusatorio y los efectos perniciosos de sostenerlo con débil material probatorio".

Por otro lado, considera autores de un delito de estafa cualificada en grado de tentativa a los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce, para cada uno de los cuales pide dos años de prisión y el pago de una multa de 18.000 euros, así como pide que ambos presten fianza por importe también de 18.000 euros para cubrir las responsabilidades civiles de su delictiva actuación, "que afortunadamente no llegó a consumarse".

Denuncia de la consejería de empleo

El PSOE considera que el día 27 de enero de 2009, Mellet y Ponce solicitaron de los empresarios del Grupo La Raza José Ignacio de Rojas y Pedro Sánchez Cuerda 450.000 euros "para realizar obras de acometida de luz", y 300.000 euros "en concepto de comisiones para 'obras sociales' de la Junta", todo ello "según consta en conversación grabada", posterior a una celebrada el 16 de enero "en la que se efectuó dicha solicitud".

Añade que el importe solicitado "era parte de la subvención excepcional concedida a la Fundación Mercasevilla, de 900.000 euros, para poner en marcha una escuela de hostelería que iba a gestionar directamente" La Raza, agregando que, a primeros de febrero de 2009, Mellet "desistió del cobro de la comisión solicitada, indicando a la representación del Grupo La Raza que la escuela se pondría en marcha, de todas formas, sin ser necesario tampoco el pago de las obras de acometida de luz".

De este modo, y tras indicar que Mellet y Ponce fueron cesados de sus cargos a instancias del Ayuntamiento de Sevilla, el PSOE pone de manifiesto que, puesta la cinta de la solicitud de comisiones a disposición de la Consejería de Empleo, sus responsables "se reunieron con carácter sumario, decidiendo por unanimidad poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y paralizar la entrega de cantidad alguna de la subvención concedida, hasta que definitivamente se aclarasen los hechos denunciados".

Hay que recordar que la Fiscalía reclama sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados.