El consejero de Sanidad, Luis Truan, ha asegurado este lunes que el convenio para la financiación de las obras de Valdecilla "ni ha estado ni está en peligro". Según dice, se sigue negociando con el Estado, pero evitando caer "en los errores del pasado" para no firmar un "mal acuerdo" con una partida "escasa".

Así lo ha señalado en el Pleno del Parlamento regional en respuesta a una interpelación de la secretaria general de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga, quien ha lamentado que "a punto de concluir" la legislatura "todo sigue igual" y "no quedan hojas en el calendario para seguir aplazando el gravísimo problema de Valdecilla".

A su juicio, el Gobierno quiere "hacer desaparecer su problema y su tremenda responsabilidad" en este asunto hasta finales de mayo, pero ha dejado claro que el PP le va a "exigir" explicaciones antes de esa fecha.

En su intervención, el consejero ha reiterado el "compromiso" del Estado con la financiación íntegra de las obras del hospital y ha explicado que se sigue negociando para cumplir ese compromiso y que el Gobierno central asuma el sobrecoste.

Pero lo que no quieren es "caer en errores del pasado". Y es que, en sus palabras, este Gobierno se encontró una "herencia envenenada", porque el PP firmó el convenio del Plan Director con una partida "escasa" y asumió unas transferencias sanitarias "rácanas e insuficientes".

"Estamos trabajando para remediar la chapuza que hicieron ustedes", ha recalcado Truan, quien ha reprochado al PP que su "preocupación" en torno al Plan Director de Valdecilla no es por la financiación o la continuidad de las obras, sino buscando "elementos negativos para desgastar al Gobierno".

El consejero les ha advertido de que los cántabros son "inteligentes y no van a picar con burdas propagandas o despliegues electorales", y por eso, les ha invitado a "olvidarse un poquito de las elecciones".

Y en la misma línea, ha considerado "mísera" la actitud del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, cuando dice que se están acelerando los trámites para que el consejero pueda poner la primera piedra del Centro de Salud de Montaña, cuando las obras llevan adjudicadas ocho meses.

El convenio,

"cada día más lejos"

La diputada 'popular', por su parte, ha rechazado las alusiones de Truan a la "herencia" recibida del anterior Gobierno y, por contra, ha achacado el desfase presupuestario de las obras a la gestión del actual Ejecutivo.

De hecho, ha remitido a un informe del Tribunal de Cuentas de los años 2004 y 2005 en el que se señala que los gastos de la Fase I no están "suficientemente justificados" y se evidencia un incremento del 40% del coste de la Fase II por los principios aplicados en el contrato.

A su juicio, en los ocho años que este Gobierno lleva al frente de la gestión del Plan Director ha "dilapidado dinero, ilusión, tiempo y su propia credibilidad". Por eso, le "cuesta" creer en las negociaciones que el consejero dice mantener con el Estado, unas conversaciones que empezaron en 2006 y siguen "sin resultados".

Desde su punto de vista, el convenio parece estar "cada día más lejos" y, mientras tanto, las obras de la Fase III siguen un "discurrir agónico" y los cántabros han tenido que adelantar unos 40 millones de euros de los alrededor de 140 millones que, según sus estimaciones, alcanza ya el desfase.

El consejero, sin embargo, niega tal cantidad y habla de unos 100 millones. Y en cuanto a las obras, asegura que "nunca" han estado paradas, marchan "a buen ritmo" y estarán finalizadas en 2012.

Investigación sanitaria

Al margen de este asunto, pero también en materia sanitaria, el Pleno ha aprobado este lunes una proposición conjunta de PSOE y PRC que insta al Ejecutivo autonómico a promover todas las medidas a su alcance para conseguir situar a Cantabria a la cabeza de la investigación biomédica y para avanzar en competitividad e innovación.

En concreto, se apuesta por impulsar el clúster biosanitario constituido entre la Universidad de Cantabria y el Instituto para la Formación y la Investigación Marqués de Valdecilla (Ifimav), para que participen todos los agentes implicados, y trabajar al mismo tiempo para potenciar la generación de patentes y crear empresas de base biosanitaria que generen nuevos recursos con los que seguir investigando.

La iniciativa se ha aprobado con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, que aunque la considera un "intento de autobombo", la ha respaldado por "coherencia, convicción y principios", según ha explicado la secretaria general de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, quien ha recordado que el PP lideró en su origen esta apuesta por la investigación sanitaria con el impulso del Ifimav.

Ley de montes

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley del Partido Popular en la que se pedía facilitar a los afectados por la Ley de Montes información "fácil, clara y determinante" sobre la cartografía de los montes de utilidad pública para conocer cuál es su situación.

El diputado Luis Carlos Albalá ha recalcado que los ciudadanos tienen "derecho a saber, a ser informados" y, por eso, cree que el Gobierno debe poner a disposición de ayuntamientos y juntas vecinales los planos y cartografía original y actuales de sus respectivos montes de utilidad pública. Según dice, esto no implica analizar el problema de fondo, sino "acotar" y conocer la "auténtica dimensión", pero sobre todo, informar y hacerlo "con transparencia".

Sin embargo, la socialista Purificación Sáez ha recalcado que la iniciativa no es necesaria porque el catálogo de montes de utilidad pública es un registro público que incluye cartografía y documentos a disposición de cualquier ciudadano que desee consultarlo. Y además, en el caso concreto de los afectados de la Ley de Montes, se ha creado un sistema específico para solicitar informes favorables de no afectación al dominio público al que ya se han acogido 331 usuarios.

También ha incidido en esta idea el regionalista Fernando Fernández quien, además, ha criticado la "utilización" que hace el PP del Parlamento para "fines electorales", planteando una medida "innecesaria" para recordar el problema de fondo sobre la aplicación de la Ley de Montes que, en todo caso, ha recalcado que fue aprobada por el Gobierno de José María Aznar.

Asimismo, Fernández ha lamentado que con este tipo de iniciativas el PP trata a los alcaldes y presidentes de junta vecinales como si fueran "faltos", cuestión que ha rechazado Albalá que, además, ha cuestionado el procedimiento de la Dirección General de Biodiversidad para informar a los posibles afectados, ya que decenas de los solicitantes se sienten "estafados", porque no son capaces de identificar sus parcelas en esa cartografía.

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