La operación, denominada 'Ruinas', comenzó durante el mes diciembre de 2008, cuando el instituto armado tuvo conocimiento de que en el término municipal de Llíber se construían viviendas en terrenos calificados como no urbanizables y en parcelas que carecían de las dimensiones legales suficientes para poder llevarse a cabo las mismas, ya que todas ellas eran inferiores a los 10.000 metros cuadrados exigidos por la Ley.

La Guardia Civil estima que la trama urbanística habría llegado a construir unas 300 viviendas, con precios que oscilaban entre los 250.000 y 665.000 euros cada una. Para la concesión de la licencia de construcción, el instituto armado ha apuntado que había que entregar siempre por adelantado, en efectivo y sobre cerrado, sin percibir factura alguna, una importante suma de dinero para hacerla llegar supuestamente al arquitecto técnico municipal de Llíber.

Todas las detenciones se han llevado a cabo por supuestas irregularidades urbanísticas cometidas entre los años 2000 y 2003 y el valor de las estafas podría alcanzar los 90.000.000 euros.

El grupo de personas implicadas llegaba a controlar todas las operaciones y transacciones, desde la petición de las licencias hasta la captación de clientes, asesoramiento legal y venta, por lo que se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, estafa, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.

Colaboración internacional

El análisis de la documentación bancaria sobre entidades ubicadas en el Principado de Andorra halladas en dos registros domiciliarios en el marco de la operación hizo sospechar a los agentes que el dinero en efectivo percibido supuestamente por las licencia de construcción, pudiera haberse desviado e ese país.

En este sentido, en enero de 2010, se solicitó a través del juzgado de Denia (Alicante), una Comisión Rogatoria Internacional al Principado de Andorra con la finalidad de localizar el dinero entregado por los perjudicados.

Así, una de las medidas tomadas fue el bloqueo preventivo y control de movimientos de las cuentas, así como el control de cualquier bien o derecho existente en el Principado a nombre de los investigados.

En diligencias incoadas por la Administración de Justicia del Principado de Andorra se confirmó a la Guardia Civil en febrero de 2011, que el arquitecto técnico municipal de Llíber y su esposa poseían tres cuentas bancarias, utilizada una de ellas como cuenta nodriza que recibía siempre imposiciones en efectivo.

En concreto, los movimientos registrados entre agosto de 2002 y septiembre de 2009 sumaron un valor de 2.410.747 euros, de los cuales 2.300.000 fueron ingresados entre agosto de 2002 y febrero de 2003, coincidiendo con el período investigado de mayores irregularidades urbanísticas.

Después de la excarcelación en el mes de abril de 2010 del arquitecto técnico municipal, detenido en diciembre de 2009, este intentó retirar en efectivo la totalidad de lo ingresado en las cuentas, operación que se vio abortada al haber sido tomadas ya las medidas de bloqueo preventivo a través de la Comisión Rogatoria Internacional instada por la Guardia Civil. DETENCIONES

En el marco de la operación 'Ruinas', el domingo 13 de diciembre de 2009 los agentes detuvieron cinco constructores, mientras que el día 14 de diciembre de 2009 se detuvo la persona que había desempeñado las funciones de arquitecto técnico municipal en esta localidad alicantina desde el año 2000 al 2003.

Las detenciones continuaron un día después con el alcalde de la localidad entre 1999 y 2003, José Mas, y el día 16 de diciembre con el arresto de seis personas más, todas ellas integrantes de la corporación municipal durante los años antes citados.

Los exediles fueron arrestados por su presunta implicación en la trama de construcciones ilegales, al participar en la votación que favoreció la concesión de licencias municipales para restaurar viviendas aisladas en parcelas que no cumplían los requisitos urbanísticos exigibles y en las que no existía construcción alguna donde realizar tal restauración, puesto que lo que estos permisos autorizaban realmente era construir un almacén con parte habitable.

El día 17 de diciembre se procedió a la detención de un abogado y un asesor por asesorar a los clientes en la compra de parcelas no urbanizables y la edificación de viviendas que no se ajustaban a los requisitos exigibles.

La lista de detenidos se completa con la detención, ese mismo día, de un notario de la provincia como supuesto autor de un delito de falsedad documental en los protocolos establecidos, así como con el arresto el 23 de diciembre de otros dos constructores.

Asimismo, en el desarrollo de la operación, el instituto armado practicó cinco registros domiciliarios en las localidades alicantinas de Denia, Llíber, Jávea y Gata de Gorgos, en las que intervinieron abundante documentación y recibos de pago.

Los agentes incautaron, además, dos armas de fuego, un revólver y una pistola, que se encuentran depositadas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, mientras se continúan realizando gestiones sobre su procedencia, así como un turismo de alta gama, relacionado con los delitos imputados a uno de los detenidos.

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