Baleares garantizará como derecho a partir de 2013 el cobro de la Renta Mínima de Inserción a quien la necesite

Baleares garantizará como derecho a partir de 2013 el cobro de la Renta Mínima de Inserción a quien la necesite

La Carta de Servicios Sociales asegurará que esta ayuda se dé, pese a que se haya agotado el Presupuesto del Govern destinado a la misma

La Carta de Servicios Sociales, incluida en la Ley Balear de Derechos Sociales, garantizará como un derecho subjetivo a partir de 2013 el cobro de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a quien la necesite y cumpla los requisitos para recibir esta ayuda, de forma que ésta se dará con independencia de que se haya agotado el presupuesto del Ejecutivo autonómico destinado a la misma, debido a la fuerte demanda por parte de los ciudadanos que se han quedado sin recibir ningún tipo de prestación económica.

Así lo ha informado a Europa Press la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, quien ha recordado que, hasta ahora, la ampliación de la partida económica destinada al RMI, una vez se agota, depende de la "voluntad política" del Govern en función de las posibilidades presupuestarias, tal como sucedió en 2010, cuando, en principio, se presupuestaron 3,7 millones de euros, si bien, posteriormente, se tuvo que aumentar este presupuesto hasta los 5,6 millones de euros, de los cuales 4,9 fueron destinados a Mallorca.

Santiago ha insistido en que el Govern no tenía ninguna obligación de incrementar la partida prevista en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, algo que cambiará a partir de 2013, cuando el Ejecutivo deberá destinar la partida económica que haga falta para poder sufragar todas las peticiones de RMI que sean presentadas por los ciudadanos y aceptadas por los respectivos Consells Insulares.

Por tanto, ha dicho que desde el 2013, "la RMI no dependerá del Presupuesto de la Comunidad Autónoma", sino que la persona que justifique no tener ningún ingreso podrá acceder a esta ayuda económica, que asciende a un mínimo de 102 euros y un máximo de 405,52 euros mensuales para una persona sin cargas familiares, aunque esta partida se incrementa en función de los miembros familiares, de forma que como máximo puede ascender hasta los 776,57 euros, en caso de que el núcleo familiar esté compuesto por ocho personas.

El técnico de la Sección de Prestaciones del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales Bruno Fernández ha informado a Europa Press de que, en principio, esta ayuda se presta por un periodo de un año, aunque, en función de las circunstancias económicas del solicitante, se puede prorrogar por más tiempo. 3.747

Beneficiarios en 2010

Concretamente, en 2010, se beneficiaron de esta ayuda en Mallorca un total de 3.747 personas, si bien la cifra de solicitantes de la RMI se situó en 1.714, de forma que muchos de los peticionarios tenían cargas familiares, lo que explica que el número de beneficiarios sea mayor que el de las personas que reclamaron la ayuda económica.

Estas cifras son superiores a 2009, cuando el Govern destinó un total de 4,5 millones de euros, que beneficiaron a 3.353 ciudadanos de Mallorca, mientras que la cifra de peticionarios se elevó hasta los 1.541, lo que supone un 10,5 y un 10 por ciento menos, respectivamente, que en 2010, año en el que la crisis golpeó con más dureza a las familias.

Así, Fernández ha indicado que en los últimos años, ha cambiado el perfil de la persona que solicita percibir la RMI, de manera que antes de la crisis, las personas que pedían esta ayuda tenían problemas añadidos a los económicos, relacionados con algún tipo de adicción o enfermedad que les impedía trabajar, mientras que, actualmente, una gran parte de los peticionarios son personas que están en el paro y que no perciben ningún tipo de prestación.

La mayoría de ellas, según ha añadido, son personas que viven solas, son extranjeras, cuentan con poca formación y pocos recursos y no tienen familia que les pueda ayudar económicamente, por lo que se ven obligadas a solicitar la RMI. Además, las mujeres solicitan más que los hombres esta ayuda económica, mientras que la edad media oscila entre los 33 y 44 años.

Compromisos del solicitante

Una vez se concede esta ayuda económica, para lo cual el requisito es estar empadronado en algún municipio de Baleares por un periodo mínimo de seis meses, Fernández ha explicado que los trabajadores sociales hacen un seguimiento del caso, ya que la persona beneficiaria se compromete a "dar pasos para mejorar su situación económica", para lo cual se debe apuntar a las bolsas de empleo del SOIB, acudir a las entrevistas de trabajo y no rechazar ningún trabajo, puesto que, en caso contrario, se le podría suspender la RMI.

En el caso de los ciudadanos extranjeros, se les pide que hagan esfuerzos por aprender las lenguas de Baleares, tanto el castellano, como el catalán, con el fin de que tengan facilidades para encontrar un empleo.

Pese a que el Decreto que regula la concesión de la RMI da un plazo máximo de seis meses a los trabajadores sociales de los Consells para decidir si se concede o no esta ayuda a la persona que la ha pedido, Fernández ha subrayado que, dada la actual situación económica, las solicitudes se valoran y se resuelven en un tiempo máximo de dos meses.

Para poder obtener la RMI, ha recordado que la persona interesada debe acudir a los servicios sociales de su Ayuntamiento, con el fin de que un trabajador social valore si cumple los requisitos y envíe la solicitud al Consell Insular para que se apruebe la petición una vez se analice si puede ser o no perceptora de esta prestación económica, que es sufragada íntegramente por el Govern.

Por su parte, Santiago ha indicado que, a pesar de que el presupuesto destinado a la RMI deberá adaptarse a la demanda existente a partir de 2013, se espera que lo normal sea que esta ayuda cuente con una partida de entre 2,5 y 3 millones de euros anuales, que era lo que se destinaba a la misma cuando no había crisis.

"En 2010 se nos disparó el presupuesto hasta los 5,6 millones de euros por la situación de crisis", ha recalcado, al tiempo que ha indicado que espera que antes de que finalice la legislatura, esté aprobada la Carta de Servicios Sociales, una vez haya sido analizada en los próximos días por el Consell Consultiu y el Consell Social.

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