El secretario de Política Municipal del PSOE de Camas defiende su prejubilación y niega toda relación con 'Intersur'

El secretario de Política Municipal del PSOE de Camas defiende su prejubilación y niega toda relación con 'Intersur'

El secretario de Política Municipal del PSOE de Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto, ha señalado este domingo que jamás ha trabajado en la firma de confecciones 'Intersur S.A.', porque "ni siquiera sé dónde está o a qué se dedica" dicha empresa, aclarando al respecto que cobra una póliza de seguro de rentas en la que él mismo figura como tomador y receptor y "la Junta de Andalucía" como pagadora. A tal efecto, García Prieto ha asegurado a Europa Press que su prejubilación tiene carácter "individual" y en la documentación que obra en su poder no figura el nombre de ninguna empresa a la que estuviera sujeto.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto, ha señalado este domingo que jamás ha trabajado en la firma de confecciones 'Intersur S.A.', porque "ni siquiera sé dónde está o a qué se dedica" dicha empresa, aclarando al respecto que cobra una póliza de seguro de rentas en la que él mismo figura como tomador y receptor y "la Junta de Andalucía" como pagadora. A tal efecto, García Prieto ha asegurado a Europa Press que su prejubilación tiene carácter "individual" y en la documentación que obra en su poder no figura el nombre de ninguna empresa a la que estuviera sujeto.

El vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, había revelado el sábado de la semana en curso las "sospechas" de su formación en cuanto a las posibles prejubilaciones fraudulentas que podrían haber sido consumadas en 2003 a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido entonces por la firma de confecciones 'Intersur S.A.', radicada en Morón de la Frontera (Sevilla). En este procedimiento, según Tarno, figurarían militantes socialistas "que no deberían estar ahí", extremo que conectaría a esta empresa con la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.

Los fondos de francisco javier guerrero

Tarno lamentaba, en este marco, el "uso fraudulento de los fondos de los andaluces", en alusión a los 647.869.157,45 euros librados por la Administración autonómica para subvencionar procesos de reestructuración de empresas en crisis y otras iniciativas mediante un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Y es que la Policía Judicial cree irregular esta fórmula promovida por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero al haber eludido supuestamente la Ley autonómica de Hacienda Pública.

Este extremo, de hecho, es uno de los aspectos investigados por la juez Mercedes Alaya en cuanto a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo impulsados en la última década en Andalucía. Hasta ahora, ha trascendido que la Junta de Andalucía ha elevado a la juez Alaya 39 posibles prejubilaciones ilegales, fruto de las incidencias descubiertas en expedientes de regulación de empleo de empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.

José antonio garcía prieto

La edición andaluza del rotativo 'El Mundo', en esta línea, publica este domingo que José Antonio García Prieto figura como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la firma textil 'Intersur S.L.'. A tal efecto, García Prieto ha explicado a Europa Press que si bien goza de una póliza de seguro de rentas, "no conozco, ni sé dónde está o a qué se dedica" 'Intersur S.L.', una empresa en la que el secretario de Política Municipal del PSOE camero dice no haber trabajado jamás. En la citada póliza, según García Prieto, figura él mismo "como tomador y receptor" y la Administración autonómica en el papel de pagadora, por lo que "no conozco a esta empresa" ni tampoco figuraría en la documentación que obra en poder de este miembro del Comité ejecutivo del PSOE de Camas.

En ese sentido, García Prieto ha rememorado que en 2003, cuando el PSOE perdió la Alcaldía de Camas como consecuencia de las elecciones municipales, quedó como concejal raso en el Ayuntamiento y, con 57 años de edad, le era imposible acceder a una prestación por desempleo. Según su relato, tras haber coincidido con Francisco Javier Guerrero en un acto, le cuestionó acerca de la posibilidad de ser prejubilado "a título individual, por su puesto" y merced a su vida laboral, insistiendo en que jamás propuso o le fue propuesta una prejubilación en el marco de un expediente de regulación de empleo de una empresa o trato alguno de esa naturaleza.

Francisco Javier Guerrero, según el testimonio de García Prieto, habría contestado que "iba a verlo" tras la entrega de su vida laboral y su documento nacional de identidad (DNI), aunque después "no mantuve con él ninguna charla ni nada más". En ese sentido, ha rememorado que fue la consultora Vitalia Vida, investigada por la juez Mercedes Alaya por su papel en esta supuesta "trama", quien entró en contacto con él para formalizar los aspectos de la póliza de seguro de rentas que figura a su nombre y que goza, según señala, del respaldo de la autoridad correspondiente de la Administración autonómica.

"yo soy el tomador y el receptor"

"Yo he cobrado la póliza, por supuesto, pero no figura ninguna empresa. Yo soy el tomador y el receptor y la pagadora es la Junta", ha defendido García Prieto, quien ha negado cualquier relación o conocimiento de que su póliza de seguro de rentas esté o estuviera incluida en el ERE promovido en 2003 por 'Intersur'. García Prieto ostentó un acta de concejal en el Ayuntamiento de Camas hasta el año 2007 y formó parte del Equipo de gobierno del secretario general del PSOE de Camas, Antonio Rivas, cuando éste dirigía como alcalde esta ciudad aljarafeña.

Como se recordará, la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y una suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para Antonio Rivas, acusado del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el mercado central de abastos de la ciudad hispalense. De esta primigenia línea de investigación, de hecho, nacieron otras tres ramas de diligencias correspondientes a la anterior gestión de Mercasevilla y una más que corresponde, precisamente, a los expedientes de regulación de empleo incentivados por el Gobierno andaluz mediante el citado fondo de 647.869.157,45 euros.

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