El Partido Popular se compromete a reducir el número de consejerías, con un máximo de diez por comunidad y ciudad autónoma, así como a establecer "un marco de referencia para los salarios de los cargos políticos de todas las administraciones" para que se adecuen a las distintas responsabilidades que ostentan.

Así se recoge en el programa-marco para las elecciones autonómicas del 22 de mayo que el PP aprobará el próximo fin de semana en la Convención que van a celebrar en Palma de Mallorca. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha dirigido este documento de 47 páginas, en coordinación con el director de estudios y programas del PP, Baudilio Tomé, y las aportaciones de cargos autonómicos, los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y la Fundación FAES que preside José María Aznar.

En primer lugar, el PP defiende la vigencia y validez del Estado autonómico como eje vertebrador de la convivencia y el progreso en España, pero admite que hay "problemas de funcionamiento que deben ser solucionados". Para ello, ve necesario promover "un gran pacto nacional sobre el modelo de Estado" que conduzca a unas administraciones "austeras, fuertes, eficaces y comprometidas con el interés nacional".

Reforma racional del sector público

Según los 'populares', hace falta un Estado racional y viable, "sin burocracia innecesaria y con una mejor coordinación entre las administraciones" y por eso se compromete a acometer una reforma racional del sector público si gana las elecciones, "simplificándolo y reordenándolo para dotarlo de mayor transparencia y austeridad".

Además, aboga por definir a nivel autonómico un marco legislativo y financiero "que asegure que no habrá solapamiento de competencias entre CCAA y entes locales"; apoyar iniciativas destinadas a mejorar la coordinación y planificación para eliminar duplicidades; e impulsar un catálogo básico nacional de servicios públicos esenciales para garantizar la igualdad de todos los españoles.

Aparte de reducir el número de consejerías de las comunidades, con un máximo de 10, el PP promete a reducir "el número de delegaciones territoriales de las comunidades autónomas para ganar en eficiencia y en simplicidad", así como a recortar el número de entes y organismos del sector público "para asegurar una gestión transparente y eficiente". De hecho, no descarta eliminar aquellos que no respondan a una racionalidad económica o administrativa o bien que supongan una merma de la transparencia y de las garantías jurídicas.

También garantiza que reducirá el número de altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual de las distintas administraciones, empresas y entidades públicas", recortará los gastos de representación y de publicidad institucional y reducirá el parque móvil de la administración, impulsando su uso compartido.

Racionalizar la presencia en el exterior de las cc.AA.

En este capitulo, el partido de Mariano Rajoy asegura que si gana las elecciones racionalizará la presencia exterior de las comunidades autónomas "con criterios de eficiencia y coordinación con los servicios exteriores españoles, y evitando atribuciones políticas impropias".

Asimismo, insiste en que impulsarán las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas dando entrada a la participación privada. Para hacer más eficiente la administración, el PP se compromete a reducir los plazos en todos los procedimientos administrativos, suprimiendo trámites y documentos innecesarios; así como a simplificar el sistema de licencias administrativas, sustituyendo el control previo por la inspección a posteriori.

Es más, dice que si gana los comicios elaborarán tanto planes anuales de evaluación de la eficiencia de las administraciones públicas como un código de calidad y eficiencia para las distintas instituciones que "guíe la actuación de las administraciones públicas".

Leyes de transparencia

También apuesta por impulsar leyes de transparencia para permitir el acceso ciudadano a las actuaciones y decisiones públicas. En este contexto, avanza que desarrollarán un "portal de transparencia" en Internet y que impulsarán la implementación progresiva de la comunicación vía sms y vía Internet en todos los procedimientos administrativos en los que sea posible.

Para una "verdadera administración digital", prosigue el PP en su programa-marco autonómico, designarán en cada comunidad autónoma un responsable único de alto nivel para la implantación efectiva de las soluciones tecnológicas más avanzadas y que tendrá entre sus cometidos, la puesta en marcha de un plan integral para la administración digital.

Tras reconocer la función de los empleados públicos como" piezas fundamentales" de la Administración, el PP dice en su programa que limitará "al mínimo indispensable, previo análisis de puestos y efectivos, la convocatoria de nuevas plazas en las ofertas de empleo público para redimensionar las administraciones públicas y adecuar las plantillas a los requerimientos de una administración eficiente y moderna".

Reforma de las políticas activas de empleo

El PP insiste en que es "imprescindible" delimitar competencias de cada administración para evitar duplicidades y, para ello, sostiene que habrá que revisar el sistema de financiación autonómica y local y reforzar los principios de suficiencia y corresponsabilidad.

En este punto, dice que promoverán un nuevo modelo de financiación y reparto competencial "que evite duplicidades y asigne a cada comunidad autónoma los recursos suficientes para ejercer sus competencias". También avanza que impulsarán una modificación de la Ley de Bases de las Haciendas Locales y de la LOFCA para evitar solapamientos.

Para mejorar las políticas de empleo, se compromete a impulsar la reducción de la tipología de contratos laborales "para eliminar la fuerte dualidad entre empleo indefinido y temporal". "Llevaremos a cabo una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo, en su gestión y en su evaluación", añade el documento.

Además, aboga por impulsar el cheque-formación permanente, el reciclaje profesional y la reincorporación al mundo laboral; así como por reformar "en profundidad" los métodos de evaluación de la calidad de la formación en función de su contribución a la creación de empleo y la promoción profesional.