La Consejería de Gobernación y Justicia ha invertido durante el pasado año 2010 un total de 44,2 millones de euros en financiar la gratuidad de la justicia, por la que aquellas personas que demuestran que no tienen capacidad económica para afrontar un litigio reciben el asesoramiento de un abogado y los servicios de un procurador cuando éstos son necesarios.

Según los datos facilitados a Europa Press por el departamento que dirige Luis Pizarro, la mayor parte de esta cantidad, 40,3 millones, se han destinado a realizar los pagos al Colegio Andaluz de Colegios de Abogados para cubrir la prestación del turno de oficio y del de guardias, mientras que los 3,8 millones restantes han ido dirigidos a financiar los trabajos realizados por los procuradores, que son abonados a través del Colegio Andaluz de Colegios de Procuradores.

Por provincias, en Almería se emplearon algo más de tres millones de euros a financiar la justicia gratuita (2,8 para abogados y 203.800 euros para procuradores); en Cádiz la cantidad se acercó a los siete millones (6,3 para los letrados y 659.700 para procuradores), mientras en Córdoba se destinaron a este fin 3,6 millones (3,2 para los letrados y 332.800 para procuradores).

En la provincia de Granada la partida ascendió a 5,1 millones de euros (4,6 millones para abonar a los abogados y casi medio millón a los procuradores), en Huelva fueron 2,3 millones de euros los que se utilizaron para garantizar el derecho a litigar (2,1 para letrados y 185.762 para procuradores), mientras que en Jaén fueron 3,1 millones de euros (2,9 para el pago a letrados y 225.000 para procuradores).

Por último, en Málaga los emolumentos abonados ascendieron a 11,6 millones de euros (la partida para el turno de oficio y el de guardias ascendió a 10,7 millones de euros y para los procuradores a casi un millón de euros), mientras en Sevilla se emplearon 8,2 millones de euros (7,4 millones para los abogados y unos 805.600 para procuradores).

Un total de 151.633 BENEFICIARIOS

En Andalucía durante el pasado año 2010 un total de 151.633 personas se beneficiaron de la justicia gratuita, es decir, que tuvieron la asistencia de un letrado bien inmediatamente después de ser detenidos o bien a lo largo de un litigio.

Por su parte, 6.298 abogados prestaron sus servicios en el turno de guardias, al que se accede de forma voluntaria (un 4,6 por ciento más de profesionales que en el ejercicio precedente). Este cubre las 24 horas del día para garantizar la asistencia al detenido. Además, 7.342 abogados han formado parte del turno de oficio (un 6,7 por ciento más de los que realizaban esta función durante el año anterior), quienes se encargan de prestar asesoramiento a lo largo de los litigios. Los procuradores involucrados en la justicia gratuita son unos 2.000 profesionales.

Recientemente el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha alcanzado un acuerdo con colegios de abogados y de procuradores de la comunidad autónoma para establecer un sistema de pago fijo y mensual a ambos colectivos en sustitución de la fórmula anterior, por la que éstos cobraban una vez que, trimestralmente, habían certificado los servicios prestados.

De esta forma, en función de las partidas destinadas en los últimos años a la justicia gratuita se realizará una previsión para este año, una cuantía que se abonará mensualmente. Posteriormente, una vez se contabilicen las actuaciones realizadas en las guardias y en el turno de oficio, se liquidará la cantidad adicional necesaria para pagar la totalidad de los servicios prestados.

Gratuidad de la justicia

Tienen derecho a la justicia gratuita los ciudadanos españoles, comunitarios y extranjeros que se encuentren en España, cuyos recursos o ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar no superen el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Asimismo, de forma excepcional la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita puede conceder este derecho a otras personas que lo soliciten en función de sus circunstancias familiares, número de hijos y familiares a su cargo, de la cuantía de los costes derivados del inicio del proceso, siempre que sus ingresos no cuadrupliquen el salario mínimo interprofesional.

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