Culpable de asesinato por descuartizar a su mujer en Alcover y esparcir el cuerpo por la AP-7

El jurado popular de la Audiencia de Tarragona ha declarado este viernes culpable de asesinato al hombre que mató y descuartizó a su mujer en Alcover (Tarragona) y después esparció su cuerpo en bolsas de plástico a lo largo de la AP-7, entre el peaje de El Vendrell y Parets del Vallès.

El jurado popular de la Audiencia de Tarragona ha declarado este viernes culpable de asesinato al hombre que mató y descuartizó a su mujer en Alcover (Tarragona) y después esparció su cuerpo en bolsas de plástico a lo largo de la AP-7, entre el peaje de El Vendrell y Parets del Vallès.

La decisión ha sido tomada por unanimidad de los miembros del tribunal, que, sin embargo, lo han absuelto del delito de profanación de cadáver por considerar que si lo hizo fue solo para deshacerse del cuerpo.

No ha dado credibilidad a la declaración del acusado, que aseguró que dos personas con acento ruso mataron a su mujer y le obligaron a descuartizarla.

El fiscal y las acusaciones particulares piden 18 años y 5 meses de cárcel por asesinato y profanación de cadáveres y han asegurado que si el juez, que emitirá la sentencia en los próximos días, no le imputa este último delito, recurrirán.

Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2010 cuando Domingo Miguel C.P. —al que el juez había comunicado ese mismo día una condena de seis meses de prisión por malos tratos y orden de alejamiento— mantuvo una discusión con su mujer, Victoryia S., bielorrusa de 36 años y nacionalidad, antes de matarla a cuchilladas.

Fue el mismo Domingo Miguel C.P el que denunció la desaparición de su mujer e intentó hacer creer a la policía que se había marchado voluntariamente del país.

Diversos indicios del crimen en el domicilio de la víctima y las incongruencias durante el interrogatorio permitieron a los Mossos seguir la pista correcta, hasta que el presunto asesino —que inicialmente se había declarado inocente— se derrumbó, confesó y ayudó en la localización del cadáver.

La pareja tenía tres hijos, para los que el fiscal pide una indemnización de 43.600 euros.

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