El juez decreta libertad provisional sin fianza para los dos imputados por el caso Gisa

  • Gisa es una empresa pública de infraestructuras de la Generalitat.
  • Jordi Vergé es un gerente de Gisa y Juan Mozo Llambia es empresario.
  • Están imputados de los delitos de soborno y alteración de concursos y subastas.
  • Cinco detenidos por presunto fraude en obra pública.
Sede de la empresa pública GISA en Barcelona.
Sede de la empresa pública GISA en Barcelona.
Albert Estévez / EFE
Sede de la empresa pública GISA en Barcelona.

El juzgado de instrucción número 5 de Barcelona ha decretado este viernes libertad provisional sin fianza para los dos detenidos tras el registro realizado este jueves en la sede de la empresa pública GISA, han informado los abogados de los dos imputados.

El gerente de Carreteras en Girona de GISA, Jordi Vergé, y el empresario Juan Mozo Llambia, están imputados de los delitos de soborno y alteración de concursos y subastas públicas, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de la empresa pública GISA.

Los abogados de los imputados, Francesc Jofresa y Carles Monguilod, han explicado que sus defendidos no han querido declarar ante la juez hasta que no "se les explique de qué y por qué se les acusa", según uno de los letrados, ya que el caso está bajo secreto de sumario. Los abogados han señalado también que la fiscalía había pedido prisión provisional incomunicada para los dos imputados.

Entrega de documentos

Los abogados de GISA han entregado este viernes toda la documentación requerida ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona. Se trata de documentación en formato digital referente a las adjudicaciones de la empresa en Girona entre 2007 y 2009, que este jueves no fue incautada en el registro en la sede de GISA en Barcelona y que este viernes se ha complementado a petición de la juez.

Desde que llegó CiU a la Generalitat, la empresa pública Gisa, que gestiona más de 3.000 millones anuales en obra pública de la administración catalana, depende de la conselleria de Economía, y no de Obras Públicas -actualmente denominada Territorio y Sostenibilidad-, como lo había hecho históricamente y también durante el periodo que está siendo investigado por la fiscalía.

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