La Asociación de Suministradores de Agua Potable de Baleares (Asaib) ha advertido que hay más de 60 empresas de la comunidad con cerca de 1.000 trabajadores que podrían echar el cierre a consecuencia de que el Govern -a través de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua)- les haya obligado a comprar agua a un precio "inviable", al ser superior al que cobran a sus abonados.

El presidente y el gerente de Asaib, Ventura Rubí y Felio Bauzá, respectivamente, han detallado que el precio del metro cúbico del agua desalada que les hacen repercutir es de 1,17 euros, cuando ellos lo cobran a 0,56 euros. Así, han criticado que mientras en algunos pueblos de las islas se les ha "triplicado o cuadriplicado" el coste, en otros se les ha revisado los precios con carácter retroactivo a 1 de enero de 2010 "pretendiendo cobrar un 12,5% adicional".

Según han explicado, el precio que deben pagar varía en cada localidad "sin que esta diferencia pueda justificarse de forma objetiva". Además, han remarcado que muchas empresas "no sobrevivirán" ya que, pese a la subida en el precio del agua, no pueden hacer repercutir este incremento en los usuarios, ni tampoco "dejar colgado este servicio esencial" para los ciudadanos porque hacerlo "sería una práctica casi delictiva".

Durante los últimos dos años Abaqua está firmando convenios con ayuntamientos mediante los cuales los consistorios se obligan a comprar determinados volúmenes de agua a cambio de un determinado precio, han indicado. En este sentido, han apuntado, por ejemplo, que mientras en Sa Pobla se compra a 40 céntimos de euro, en Pollença se hace a 80 céntimos.

De esta forma, los suministradores dan su servicio con un precio "intervenido" y se les obliga, según señalan, a adquirir agua a un precio superior a la tarifa de cobro al abonado. En este sentido, Asaib critica que se les obligue a comprar el agua a Abaqua si dispone recursos con agua de calidad ya que considera que están siendo utilizados para "resolver un problema presupuestario" del Govern.

Financiar la conexión entre palma y alcúdia

Según alegan, mediante estos precios el Ejecutivo pretende financiar las obras de conexión hidrológica entre Palma y Alcúdia, ya que "utilizan recursos financieros, previstos inicialmente para sufragar la desaladora de la Bahía de Palma, para fines distintos".

El gerente de la Asociación ha indicado que el hecho de que el Govern haya "construido desaladoras sin una planificación exacta" les ha ocasionado que se hayan visto "obligados" tanto a adquirir agua, como a pagarla con unas tarifas con las que "perdemos dinero".

Por todo ello, han asegurado que si "en un plazo prudente" el Ejecutivo no rectifica las empresas de este sector podrían desaparecer. En este sentido, han reclamado un reglamento marco para que se aplique el mismo régimen jurídico en todos los municipios de las islas, tal y como ya existe en otras Comunidades Autónomas.

Asimismo, han apuntado a la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener una solución a esta problemática, si bien han mostrado su preocupación puesto que las empresas del sector necesitan una solución inmediata.