Estas cifras han situado a los gallegos en el top-ten de los soplones. Y es que, con 98 denuncias, Galicia acapara casi una de cada cinco quejas que se tramitan en toda España por no respetar la ley. A nivel nacional se registraron 500 chivatazos hasta finales de febrero.

Los más y los menos

De hecho, son unas pocas comunidades las que se muestran más castigadoras que Galicia. Madrid va a la cabeza: en el primer mes ya sumó 70 denuncias. Tampoco los andaluces se cortan a la hora de denunciar, pero, pese a ser casi ocho millones de ciudadanos, no llegan a las 80 quejas.

En el caso contrario se encuentra, por ejemplo, Castilla-León, donde se acumulan 16 soplos. Y van a menos: 12 en el mes de enero.

En Galicia, la situación es la inversa, aunque con grandes contradicciones internas. Las quejas se centran en la hostelería, pero mientras las provincias de A Coruña y Pontevedra acaparan 88 de las denuncias, en Ourense y Lugo sólo hubo cinco en cada una.

Y a la par que la práctica de los chivatazos se extiende, también cambian los motivos. Las primeras quejas se centraron en la señalización incorrecta de los locales de fumadores o no fumadores. En el último periodo, lo que motiva más soplos es que los hosteleros permitan fumar en locales donde está prohibido.

Este tipo de denuncias acapara 40 de las 46 recogidas en A Coruña y 36 de las 41 de Pontevedra.

Quién vigila, los propios vecinos

La Consellería de Sanidade corroboró ayer que la mayoría de las denuncias presentadas por incumplimiento de la ley antitabaco procedían de ciudadanos de a pie. Primero con timidez, pero, tras un primer mes de adaptación y cortesía, las quejas se tramitan sin tapujos. Lo único que hay que hacer es acudir al registro de cualquier administración. Y la permisividad de los hosteleros es la principal víctima. El hecho de que un cliente se salte la ley a la torera, y si el dueño del bar o restaurante no lo evita, le puede reportar al propietario del local una multa de hasta 10.000 euros.