El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha solicitado explicaciones al gobierno del organismo provincial por la concesión de ayudas por parte del ente a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de sus respectivas empresas, petición encuadrada en el debate traído a Pleno para la creación de una comisión de investigación provincial con el objetivo de aclarar si alguno de los ERE apoyados por la institución presenta anomalías, dentro de una moción finalmente rechazada.

El portavoz del PP en la Diputación, Juan Bueno, ha incidido en que en el órgano supramunicipal no se ha tenido "ningún problema o resquicio" a la hora de apoyar determinados expedientes, por lo que "tenemos todo el derecho del mundo, al igual que el resto de los ciudadanos, a saber la verdad de lo que ha pasado".

En este sentido, Bueno ha esgrimido un documento según el cual se ha procedido, con fecha 23 de enero de 2009, al pago de 300 euros en concepto de "abono de convenio a suscribir con UGT y CCOO relativo a concesión de ayudas a trabajadores afectados por pérdida de trabajo como consecuencia de expediente de regulación de empleo".

"Hemos tenido noticias de este extremo, y no por la transparencia de la Diputación, sino por los afectados", ha indicado el portavoz popular, señalando que este pago correspondía concretamente a un trabajador de la empresa Calderinox, "donde, como mínimo, existía un intruso, el ex delegado de Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés".

Por ello, Bueno ha instado al ente a dar explicaciones sobre los términos del convenio, la presencia de posibles "intrusos" receptores de "este dinero que desde nuestro punto de vista está arbitrariamente repartido", la existencia de este fondo "del cual no teníamos ni idea" o si se ha repartido dinero "sólo a los de este ERE o a más empresas".

"¿Hay aquí otro fondo de reptiles?", ha cuestionado Bueno, utilizando la misma expresión que ya en su momento usara el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, y solicitando posteriormente una relación de personas a las que se ha ayudado de esta forma.

Respuesta del psoe

La alocución de Bueno, cuyo fondo ha sido compartido por los grupos de IU y PA, ha encontrado una primera respuesta en la diputada socialista Dolores Bravo, que ha defendido que "la investigación más seria y con más garantías es la que se producirá en los tribunales, y no con vistas al populismo por las elecciones venideras". Tras recordar que fue la Junta quien promovió la denuncia, ha reivindicado que los fondos "no estaban ocultos ni eran ilegales", sino que se trataba de ayudas "sometidas al control financiero permanente previsto por la ley", exponiendo asimismo su convicción de que las posibles irregularidades "han de ser sancionadas hasta el final".

También ha apuntado a la falta de competencias de la Diputación en el asunto de los ERE y ha apuntado a posibles responsabilidades del PP en algunos casos, lo que Bueno ha criticado, señalando que se ha aplicado "la teoría del ventilador" y exponiendo que los intrusos detectados "vienen todos del mismo lado".

El debate ha concluido con la intervención del portavoz de gobierno, Francisco Díaz Morillo, que ha recordado la implicación institucional de la Diputación con aquellas empresas en dificultades —ha citado, entre otras, a Calderinox, Boliden, Cerámicas Bellavista, Roca, Astilleros o la base de Morón—.

"La Diputación no tiene competencias ni en los conflictos laborales ni en la regulación del empleo", ha hecho hincapié Díaz Morillo, que se ha referido a la aprobación de un acuerdo de concertación social con los sindicatos para un fondo extraordinario de 30.000 euros para el tipo de caso aludido por el PP. Ha concluido tildando a Bueno de "cazador cazado" e instándole a ir a los tribunales si entiende que desde la Diputación se ha incurrido en alguna ilegalidad.