La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, ha negado que un edil del PP en Pilas (Sevilla) y también tesorero del partido esté incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Cuerotex, ubicada en este municipio, tal y como ha asegurado este jueves la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, por lo que le ha exigido que pida disculpas.

En concreto, Díaz se había referido en rueda de prensa a las declaraciones del presidente del PP-A, Javier Arenas, sobre que no descarta una posible financiación ilegal del PSOE, apuntando la socialista que "cuando en el ERE de Cuerotex, aparece el tesorero del PP local y edil", ella no piensa, "bajo ningún concepto, que eso sea financiación ilegal del Partido Popular porque no voy a cuestionar las políticas sociolabores".

Ante estas declaraciones, Soto ha indicado a Europa Press que la información es "absolutamente errónea" y que las palabras de Díaz denotan el "histerismo y la preocupación extrema" que existe en las filas socialistas ante la "trama" detectada en torno a las ayudas para empresas en crisis. "Solo ella sabrá qué motivo tiene para llegar a este grado de histeria", ha añadido.

Asimismo, la dirigente 'popular' ha pedido a la secretaria de Organización del PSOE-A que mire dentro de su partido "que es lo que tiene que hacer, además de pedir de manera inmediata disculpas por ofrecer una información que, en ningún caso, es veraz".

De otro lado, ha instado a la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, a que se ponga de acuerdo con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en si hay o no irregularidades en el ERE de la empresa Minas de Riotinto. "Si tiene alguna duda que le pregunte a Griñán, que ha dicho que no las hay", ha apostillado.

Soto, que ha asegurado que en el ERE de Riotinto no hay ningún intruso, le ha pedido a Moreno "que deje de malmeter y de liar", después de que ésta le haya pedido explicaciones al ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que en aquella época era delegado del Gobierno en Andalucía, por presuntas irregularidades en este expediente.