El Consejo de Gobierno ha aprobado unas directrices vinculantes a todos los órganos de la administración que permitirán anticipar 469 millones de euros en inversiones públicas con el fin de estimular la actividad y el empleo en el sector de la construcción, uno de los más castigados por la crisis económica.

El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras por ese importe y establece que al menos 373 millones se contratarán antes del 30 de abril, según ha avanzado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien destacó que la Comunidad es la cuarta que más licitó en enero frente a un Gobierno que lo tiene prácticamente "congelado".

El portavoz ha recordado que los últimos indicadores sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León revelan la "incipiente" recuperación de la agricultura, la industria y los servicios, aunque la construcción continúa en tasas negativas de crecimiento.

De este modo, el anticipo de las inversiones previstas en este campo supone continuar con esta política, y tiene como "ventaja" añadida que permite generar actividad y puestos de trabajo en uno de los sectores que más están padeciendo las consecuencias de la crisis.

Esta decisión se ha plasmado en unas Directrices Vinculantes en materia de Inversiones, que por tanto son de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración autonómica.

En virtud de este documento y a propuesta de la Consejería de Hacienda, la Junta se compromete a tener adjudicados o en fase de concurso 469 millones de euros en obra pública antes de que acabe el primer semestre de 2011. De ellos, 373 millones se licitarán en los cuatro primeros meses de este año.

Apoyo continuado al sector

La Junta ha aprobado estas Directrices Vinculantes en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 16 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La utilización de esta potestad para apoyar a la construcción tiene como precedente directo las medidas de reactivación económica que aprobó el Ejecutivo autonómico el 8 de mayo de 2008.

A esto hay que añadir dos regulaciones similares del 8 de enero y el 8 de abril de 2009, que se centraron en fomentar la inversión pública, reducir los costes financieros de las empresas y agilizar los procedimientos administrativos.