La Fiscalía de Santiago de Compostela solicitó a la Xunta, el pasado 13 de diciembre, que le remitiese la documentación correspondiente a las subvenciones concedidas a un total de 30 asociaciones de carácter agrario, que el PP denunció que estaban vinculadas con una trama para desviar fondos de la Xunta y en la cual involucró al sindicato Unións Agrarias y al PSdeG, que dirigía en el momento de las supuestas irregularidades la Consellería de Traballo.

En un escrito de la fiscal de Santiago Fuencisla Ladrón de Cegama Escudero, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía del Área de Santiago solicita a la Dirección Xeral de Emprego e Traballo que informe "a la mayor brevedad posible" sobre las cantidades concedidas a un listado de 30 asociaciones al amparo de órdenes de la Consellería de Traballo del 23 de marzo de 2006, 31 de enero de 2007 y 19 de diciembre de 2007 y hace constar la fecha de sus respectivas publicaciones en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Además de una solicitud del PP para ampliar la causa que interpuso en el Juzgado de Corcubión por el caso de una supuesta agente electoral del PSdeG, también fue remitida información a la Fiscalía, que decidió investigar el caso. Así, dentro de las "diligencias preprocesales", la fiscal requirió que en la documentación remitida figurasen las fechas y cantidades otorgadas a las asociaciones, los perceptores con todos sus datos (NIF y domicilio fiscal) y las cuentas bancarias en las que se efectuaron los ingresos.

En el listado de organizaciones sobre las cuales la fiscal demanda información figuran entidades de carácter agrario, como las asociaciones Sectorial Láctea Galega, Unión de Agricultores da Limia, Productores da Pataca da Terra Cha o Viñedos do Ribeiro, pero también hay otras como la Asociación de emigrantes gallegos retornados Retorno, además de diversas asociaciones de mujeres rurales, entre otras.

Paralización del expediente

La solicitud de documentación por parte de la Fiscalía se produjo el pasado mes de diciembre y Traballo envió la documentación requerida en enero, mientras que el día 20 de ese mes, la Asesoría Jurídica de la Xunta, según documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, remitió un escrito a la Intervención Xeral en la que hace constar la preeminencia del proceso penal sobre el administrativo. De esta forma, por resolución del pasado 15 de febrero, la Intervención Xeral resolvió paralizar el expediente de control financiero sobre las subvenciones concedidas a asociaciones vinculadas a UU.AA.

En junio del año pasado, el PP solicitó la ampliación de la querella presentada en su día por el caso de una trabajadora de UU.AA. que fue enviada a Argentina supuestamente para hacer campaña electoral a favor del PSdeG, caso por el cual está imputado el alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto. El PP elevó a 160 los contratados por la que denominó como trama agraria y a casi 2 millones de euros el supuesto fraude.

De forma paralela, en los juzgados también se dirime otra denuncia relacionada, pero en este caso interpuesta por UU.AA. contra la Xunta por supuesta desviación de poder (un tipo de prevaricación administrativa), causa en la cual están imputados el director xeral de Emprego, Andrés Hermida, y su homólogo al frente de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada.