La defensa del ex consejero de Educación y Ciencia del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, en prisión provisional desde el 25 de enero implicado en una supuesta trama de contrataciones ilegales en el seno del Gobierno regional, ha pedido este miércoles ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón su libertad provisional argumentando "poderosos motivos de justicia", a los que se añaden su delicado estado de salud.

El abogado, Sergio Herrero, ha solicitado al magistrado-juez la nulidad del auto de prisión para el ex consejero al entender que ha sufrido "indefensión", o subsidiariamente la revocación del auto judicial, al alegar que la decisión de la jueza Ana López Pandiella de encarcelar a Iglesias Riopedre "no tiene fundamento".

En este sentido, el letrado ha destacado que su representado no tiene riesgo de fuga por su avanzada edad, las enfermedades que padece, su situación económica y la repercusión mediática del caso. "Tiene el piso embargado y tres cuentas de las cuales, una de ellas está cancelada, otra tiene un saldo de cero euros y en la tercera hay 1.307,29 euros", ha añadido.

Herrero ha indicado que el auto de prisión es "nulo de pleno derecho". También ha explicado que, tras acogerse a su derecho a no declarar y que se dictara un auto de prisión provisional sin informar de los hechos, Riopedre accedió a ser interrogado, aunque de las preguntas que se le hicieron tampoco se dedujo ningún hecho concreto.

Además, el letrado solicitó en su día la práctica de cuatro pruebas de urgencia para intentar defender "a ciegas" a su cliente; la comprobación urgente en entidades bancarias de Oviedo de los últimos dos años, una investigación urgente con un informe de la Brigada de Delincuencia Económica sobre si existió un enriquecimiento de Riopedre, que se comprobaran los movimientos de la cuenta del banco y que fuese reconocido por un médico forense. "Todo ello fue denegado", ha apostillado en la vista, a la que no ha acudido Riopedre.

Para el abogado, tampoco se puede acogerse al secreto de sumario para no informar de los hechos. Por todo ello, ha reiterado que se produjo una indefensión de su cliente. Según él, en el auto de prisión provisional, no hay actuaciones, ni documentos ni resoluciones que se atribuyan a Riopedre. También ha enfatizado que es una persona con edad avanzada, sin recursos económicos y mediático, para rechazar que pueda fugarse.

En el caso de riesgo de reiteración delictiva, la posibilidad es menor porque ya no es consejero y no podría prevaricar y respecto a alterar pruebas, es dudoso que lo haga después de iniciada la investigación hace un año. Sobre esto último, ha incidido en que "llegando al absurdo", el ex consejero está en prisión provisional pero comunicada, por lo que la posibilidad de alteración de pruebas también es posible desde Villabona.

Por su parte, la Fiscalía ha vuelto a defender la prisión provisional para el ex consejero. La fiscal, María Luisa García, ha negado que Riopedre sufra "indefensión". Según ella, durante la declaración del ex consejero se le preguntó sobre su relación con los otros imputados, si sabía de las actividades ilícitas de su 'número dos', María Jesús Otero, si ambos adjudicaron contratos sin acogerse a procedimientos lícitos, por lo que si conocía de que se le acusaba.

De hecho, ha asegurado que en el auto de prisión se argumenta que es por formar parte de un entramado delictivo que se dedicaba a la adjudicación de contratos eliminando la posibilidad de concurrir de otras empresas. "Más claro el agua", ha apostillado.

Asimismo, ha justificado que el auto de prisión está "extraordinariamente motivado". Además, ha remarcado que el riesgo de fuga existe por la gravedad de los delitos y las elevadas penas, de entre seis y ocho años de cárcel. La fiscal ha incidido en si es que existe menos riesgo para quien no tiene arraigo ni dinero para comprarse un billete de Alsa al que también se le aplica en casos graves.

García ha insistido en que "todos somos iguales ante la Ley" y ha reprochado que el abogado que representa al Principado cambie ahora de opinión y pida la libertad de Riopedre y Otero, cuando la mantenga en el caso de la ex funcionaria Marta Renedo. La fiscal ha apelado a la alarma social y ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a que el Estado de Derecho funcione y se actúe con el mismo rigor que con otros que no son conocidos o drogadictos.

También ha aludido al estado de salud del ex consejero, y ha recalcado que su estado "penoso" y su edad no le impidió estar trabajando hasta el verano pasado ni tampoco, en el caso de ser condenado, el haber cometido lo delitos que se le imputan. De hecho, ha comentado que cuando se levante el secreto se verán los motivos de su cese.

Según ella, Riopedre padece una cardiopatía y una diabetes que pueden ser "perfectamente" controladas en prisión, por lo que "no hay razón alguna" para que no pueda permanecer en Villabona, y que no le impiden tampoco salir del país. A esto ha unido que todavía hay riesgo de alteración de pruebas.

García ha recordado que las diligencias son secretas, un procedimiento habitual en los juzgados en casos muy complejos o muy graves, y ha dado como ejemplo una sentencia del 6 de mayo de 2002 de la Sala 2 del Tribunal Constitucional, en la que se remarca que el secreto de sumario "no es una medida limitativa y no causa por si misma indefensión".

"Es legal, constitucional y lícito", ha sostenido. Pese a todo, ha apuntado que no es su intención ni interés que permanezca ninguno de los tres imputados por la 'Operación Marea' en prisión "ni un solo día más del necesario".

Por último, el letrado que representa al Principado, Juan Serra, ha solicitado la libertad provisional para el ex consejero al entender que de lo instruido y las declaraciones realizadas no existen indicios de delito y al considerar la prisión como una medida "gravosa y excesiva". Además, ha recalcado que es imposible que pueda alterar pruebas en la Administración, a la que ya no pertenece.

También ha incidido en que algunos contratos en los que la jueza ve delito, son totalmente legales y reglados por la Ley de Contratos Públicos, como el caso de la situación de urgencia creada tras la inundaciones de Arriondas.

Por contra, ha indicado que de Renedo, no es que existan indicios, sino que tienen pruebas de actos "defraudatorios". Además, ha remarcado que de su declaración se traduce que parece no conocer bien de qué se le acusa. "No se discrimina en función de quién es el funcionario", ha dicho antes de matizar que se opina diferente al no detectar en el caso de Riopedre indicios de delito.