El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha anunciado que su formación emprenderá acciones legales contra el vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, y contra la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, por "involucrar de manera zafia e injuriosa" al candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y al ex ministro de Trabajo del PP Eduardo Zaplana en posibles irregularidades en el ERE de Ríotinto, durante la etapa en la que el PP gobernó en España.

En declaraciones a Europa Press, Sanz, ha considerado "de chiste" que el PSOE pretenda que los andaluces se crean que fueron Zoido y Zaplana "quienes colaron a intrusos socialistas en los ERE". A su juicio, la actitud "burlesca" del PSOE responde al "nerviosismo y a la histeria ante un gran escándalo y fraude".

El dirigente 'popular', que ha acusado al PSOE de buscar una "cortina de humo", le ha recordado a este partido que "todos los escándalos tienen una marca común que se llama PSOE". Por ello, le ha pedido que "deje de buscar cortinas de humo de lo que es una responsabilidad exclusiva de quienes llevan 30 años de abuso de poder en Andalucía".

En esta línea, Sanz ha advertido a Chaves y a Moreno de que "todavía queda mucho por aparecer vinculado a los socialistas por este caso" y que nada va a hacer callar al PP, "ni las mentiras del PSOE, ni los inventos de la Junta". "Es inútil que pretendan confundir a la opinión pública con algo que no tiene credibilidad y que es imposible", ha agregado.

Asimismo, ha querido recordar al PSOE que las ayudas del Estado para prejubilaciones siempre han sido "transparentes" y que todas ellas han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "a diferencia de lo ocurrido en Andalucía, donde han sido opacas, sin control y no publicadas en el BOJA".

"Todas las ayudas del Estado durante la época del PP estaban acogidas a una orden ministerial, mientras que en Andalucía no había ninguna orden que las regulara", ha indicado Sanz, quien ha añadido que las citadas ayudas del Estado tramitadas en este periodo habían sido autorizadas previamente por la Intervención de Hacienda y posteriormente ratificadas sin ningún tipo de objeción por el Tribunal de Cuentas, "cosa que en Andalucía tampoco ha ocurrido".