El 'caso Mioño' de Castro Urdiales se juzgará los días 5, 7 y 14 de abril

Muguruza, Rodríguez López, Hierro, el ex secretario y el apoderado de Izeta, acusados de tráfico de influencias y prevaricación
Fernando Muguruza
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EP
Fernando Muguruza

El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander juzgará los días 5, 7 y 14 de abril el 'caso Mioño', el primero de los varios que viene investigando el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, relacionados con casos de prevaricación urbanística que afectan a miembros del Ayuntamiento de este municipio en varias legislaturas.

El juicio, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales, se celebrará estos días, a las nueve de la mañana en el complejo de Las Salesas, y le ha correspondido al titular del Penal número 2, José Hoya Corominas, el mismo que esta semana ha juzgado al escolta del nuevo dueño del Racing de Santander y que en los últimos años ha condenado al ex consejero de Industria, Javier del Olmo, y a familiares del artista David Bustamante.

Lo que se juzga es la adjudicación de forma directa y sin publicidad de unas obras en el túnel de Mioño a una empresa del hermano de uno de los concejales del equipo de Gobierno de Castro, y están acusados, entre otros, el alcalde, el ex regionalista Fernando Muguruza; el concejal de Hacienda, ex portavoz del PP José Miguel Rodríguez KyK, el ex secretario municipal y el gerente de la empresa adjudicataria, Izeta.

En concreto, se acusa de un delito continuado de tráfico de influencias al gerente de la empresa Izeta, adjudicataria de las obras, Juan Ignacio Díez Muro; a su hermano Jaime, ex concejal de Industria; y al que por entonces era concejal de Obras, Salvador Hierro, a quien se achaca la decisión de proponer a esa empresa en concreto para las obras.

En el caso de Hierro y Jaime Díaz Muro, también se les juzgará por un delito continuado de prevaricación administrativa, al igual que al alcalde Fernando Muguruza; al ex portavoz del PP José Miguel Rodríguez López; y al ex concejal Santiago Vélez y la actual edil de Educación Concepción Carranza.

Por su parte, el ex secretario municipal, César Saiz Alonso, y el interventor, Gregorio Alcedo, deberán comparecer por un delito de prevaricación administrativa.

La denuncia que ha llevado a esta investigación judicial fue presentada en septiembre de 2006 por cinco concejales, entre los que se encuentra el ex socialista Rufino Díaz Helguera, cuyo partido (Acuerdo por Castro) es en la actualidad miembro del equipo de Gobierno castreño, en coalición con parte de los acusados. Esta denuncia derivó en una querella de la Fiscalía.

Desde el Ayuntamiento se justificaba la necesidad de estas obras ante las inundaciones que se producían, motivo por el cual se levantó un reparo administrativo puesto por el interventor.

Además, en el caso de Hierro y Díez Muro el juez también ve indicios de otros dos delitos de tráfico de influencias por favorecer la adjudicación de los trabajos a la empresa Izeta, cuyo apoderado es Ignacio Díez Muro, hermano del concejal e igualmente imputado por sendos delitos de tráfico de influencias.

Beneficios de 3.526 EUROS

La investigación del juez Sánchez Acayro ha arrojado indicios de la vulneración de "todos los artículos de aplicación general a los contratos con la Administración pública y todos los específicos de los contratos de obra", entre los que el magistrado ha citado, a lo largo de la instrucción, que "se prescindió de la tramitación de expediente", no se observó "ni un solo artículo del ordenamiento jurídico" que ampare tal actuación y las adjudicaciones directas "se hicieron al margen de los supuestos en que excepcionalmente hubiera sido lícita".

Igualmente, el juez aseguró que, indiciariamente, "la vinculación familiar" del apoderado de Izeta con uno de los concejales "parece ser la verdadera y única carta de presentación" de Ignacio Díez Muro a la hora de acudir al Ayuntamiento para hablar con el concejal de Obras e informarse así "de manera privilegiada de futuras obras".

Según sus estimaciones, gracias a esas adjudicaciones supuestamente irregulares Izeta obtuvo un beneficio final de unos 3.526 euros en el caso del túnel de Mioño (el importe global de la obra era de casi 58.800 euros).

La Junta de Gobierno Local adjudicó los trabajos "sobre la marcha, por unanimidad" y sin existir aún expediente, sabiendo que se incumplía la ley. Posteriormente alguien incorporó al expediente la oferta de otra supuesta empresa que en realidad no existía en el momento de la reunión y con un NIF falso.

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