El Ayuntamiento de Almáchar (Málaga) ha defendido la "estricta" aplicación que se hace en el municipio de la normativa disciplinaria en materia urbanística, rebatiendo de este modo las críticas vertidas por un grupo ecologista, que puso al municipio como ejemplo de la "perversa" aplicación que numerosos ayuntamientos andaluces están haciendo del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

El alcalde de Almáchar, José Gámez (IU), ha asegurado que la actuación municipal en materia urbanística se ajusta a la legalidad, y ha criticado al colectivo ecologista y a su presidente, Rafael Yus, por "no contrastar una información que hace mucho daño a mi pueblo, y a vecinos que no tienen culpa de que la Junta y el mirar para otro lado de la administración local hayan hecho que la especulación imperase en la Axarquía".

En un comunicado, Gámez ha rebatido las acusaciones de Yus, basadas principalmente en la reciente aprobación por parte del Ayuntamiento de un una ordenanza urbanística municipal cuyo objetivo, según las sospechas de los ecologistas, sería aprovechar los resquicios de la normativa autonómica para legalizar, bajo la calificación de fuera de ordenación, muchas de las construcciones ilegales en suelo rústico del municipio.

Según el alcalde, el fin principal de la ordenanza "es cumplir la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)", por lo que ha negado que, como suponen los ecologistas, el Ayuntamiento pueda incurrir en presunta prevaricación omisiva al abrir Expedientes de Protección de la Legalidad Urbanística (EPLU) que prescriben al superar los cuatro años previstos por la LOUA y, acto seguido, dan vía libre para mantener las viviendas en pie.

"El señor Yus tiene un desconocimiento supino de la LOUA, ya que, una vez iniciado el EPLU, si prescriben los plazos, nunca el Ayuntamiento podrá legalizar la vivienda, primero porque el uso residencial no es legalizable, y segundo porque, aunque lo fuera, sería admitir que ha prevaricado por no continuar el EPLU, y no me considero tan tonto como para articular una ordenanza que me lleve a la cárcel", ha manifestado el regidor.

Según ha subrayado, en Almáchar todos los EPLU siguen su curso "hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la reposición del orden jurídico, mediante la legalización para el uso que permite la LOUA, o mediante la demolición si no fuese legalizable". Por ello, el alcalde cree que no se le puede "criminalizar" por no demoler "si la ley permite mantener la construcción si se adecua al uso agrario, ganadero o forestal".

"De esta situación no tengo la culpa yo, sino el legislador que propuso esta figura de fuera de ordenación a la cual se puede acoger el vecino", ha agregado Gámez, que ha advertido de que, en caso de que el Ayuntamiento no amparase al propietario que puede acogerse a esta fórmula "sí estaría prevaricando, por no atender su derecho a mantener la construcción a sabiendas de que legalmente se puede acoger a esta figura".

Asimismo, ha puntualizado que el desarrollo del RDUA mediante esta ordenanza no significa que se otorgue la licencia de primera ocupación a esas construcciones, "sino que se mantienen como asimilación a fuera de ordenación, para los usos que permite la LOUA, que son el ganadero, agrícola o forestal, y nunca se legaliza el uso residencial, que según la LOUA es delito penal salvo contadas excepciones muy justificadas".

Del mismo modo, el alcalde ha subrayado el intenso trabajo que el Ayuntamiento ha desarrollado desde que él accedió al cargo para ajustar a la legalidad todo el urbanismo del municipio, "para lo cual, a pesar del coste político que me pueda afectar, he paralizado obras, iniciado EPLU o mandado expedientes a la Fiscalía".

En este sentido, ha puesto como ejemplo tres denuncias de construcciones ilegales que se encontró poco después de ser investido alcalde, "y que he llevado hasta las últimas consecuencias, reponiendo el orden jurídico, en dos de ellas mediante la legalización para el uso agrícola permitido, y en la otra mediante la demolición de parte de la construcción para adaptarla al uso agrícola, con el pago de la preceptiva sanción".

Por todo ello, Gámez ha invitado a Yus a consultar a expertos urbanistas, secretarios y técnicos competentes "antes de emitir unos juicios de valor tan dañinos", y le ha pedido que, una vez se asesore, "dé cuenta públicamente de la verdad de esta ordenanza, y si no, me veré en la obligación de reponer mi honor y el de mi pueblo por otras vías".