Las 31 empresas públicas del Gobierno de Cantabria generan de forma directa, indirecta o inducida el 2,06% de la actividad económica regional y el 1,61% del empleo. En concreto, aportan más de 239 millones de euros al Valor Añadido Bruto (VAB) de la Comunidad Autónoma y sustentan más de 4.600 empleos (1.400 de ellos directos).

Así lo ha explicado este martes el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, quien ha destacado que la región cuenta con un sector público "eficiente" y "necesario" que ha tenido un "impacto trascendental" en el desarrollo económico y en la mejora de la calidad de vida de los cántabros.

De hecho, ha explicado que si no fuera por la labor de las empresas públicas habría muchos proyectos ejecutados en los últimos años que no serían hoy realidad, y ha puesto el ejemplo de los colegios y centros de salud impulsados desde las empresas públicas a través de la colaboración público-privada, y también de proyectos como El Soplao o el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN).

"Cuando se hacen críticas a las empresas públicas se están haciendo críticas a un instrumento de autogobierno", ha recalcado el consejero, quien ha subrayado que el Ejecutivo cántabro no quiere "recrearse en el victimismo" y ejerce su autogobierno.

Tras recalcar que el sector público está sometido a controles similares a los de la administración regional, Agudo ha explicado que las empresas públicas cántabras representan el 2,06% de la actividad económica regional y el 1,61% del empleo, en términos de actividad directa, indirecta e inducida.

Asimismo, el sector público genera o induce más de 84 millones de euros de beneficios (excedente bruto de explotación), unos 30 millones de euros de cotizaciones a la Seguridad Social, 19,9 millones en concepto de IRPF y unos 24 millones de euros por otros impuestos.

Al final, las administraciones públicas en su conjunto obtienen un retorno del 94 por ciento de las cantidades aportadas inicialmente a las empresas públicas.

Empresas y resultados

En la actualidad Cantabria cuenta con 31 empresas públicas. De ellas, nueve existían ya antes de 2003, cuando se formó el actual Gobierno de coalición, y estaban en general en una situación "difícil", con algunas de dichas sociedades "en quiebra".

Además, hay tres empresas con participación municipal de los ayuntamientos de Santander y Torrelavega (el PCTCAN y las dedicadas a promocionar el comercio local), y otras diez de carácter instrumental, que no tienen personal. Con esto, el balance que hace el consejero es de diez empresas creadas por el actual Gobierno.

En 2011 se prevé que la cifra de negocio de estas empresas supere los 181 millones de euros, frente e los 36,7 millones facturados en 2003; mientras los gastos de personal, por su parte, han pasado de 20 millones de euros en 2003, a 62,8 millones para este año.

Por tanto, la cifra de negocio se ha multiplicado por cinco y los gastos de personal por tres, de forma que el coste de las plantillas ha pasado de representar el 54,5% de la cifra de negocio a suponer en la actualidad el 34%. En palabras de Agudo, se realiza "más actividad", con "menos coste de personal" en términos relativos.

Además, ha subrayado que se han reducido los resultados negativos, que eran de -25,6 millones de euros en el año 2003 y para 2011 se prevé que se queden en -4,6 millones. ACTUACIONES

Gracias a esas empresas públicas el consejero ha destacado actuaciones que habría sido "imposible" abordar con cargo a los presupuestos regionales. Así, ha citado la construcción de diez colegios y de la Escuela de Idiomas de Laredo, así como la ampliación y mejora de otros 26 centros educativos.

Asimismo, se han ejecutado cuatro centros de salud, el Hospital Tres Mares, cinco parques de emergencias, el Parque Científico y Tecnológico, la Autovía del Agua y el Soplao. También se atiende a 17.000 personas en aplicación de la Ley de Dependencia y se ha impulsado suelo industrial, por ejemplo, para evitar la pérdida del Centro de Proceso de Datos del Banco Santander.

Para Agudo, todos estos datos evidencian que el sector público es "necesario" y "eficiente" —"frente a lo que había antes"—, y se configura como un "instrumento imprescindible para la autonomía y el desarrollo del autogobierno".