Uno de los directores xerais imputados por la trama agraria acusa a UU.AA. de intentar "involucrar" a toda la Xunta

El alto cargo de Presidencia defiende que la Xunta actuó "en cumplimiento" de la ley que obliga a supervisar el destino de las ayudas concedidas

El director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada, ha acusado este martes a Unións Agrarias (UU.AA.) de denunciar las investigaciones realizadas por la Xunta simultáneamente en distintas sedes de este sindicato para "tratar de involucrar" a todo el Gobierno gallego.

Se ha pronunciado de este modo a su salida del juzgado de instrucción número 1 de Santiago, donde declaró —junto con el director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida— por espacio de hora y media. En declaraciones a los medios, ha reconocido que ambos comparecieron como "imputados" en relación con la supuesta trama de "asociaciones fantasma" vinculadas al sindicato agrario, diseñada por el PSdeG, según denunció el PP el pasado mes de mayo, para captar ayudas públicas.

No obstante, ha precisado que "las investigadas son las asociaciones", que, según el informe redactado tras una investigación interna iniciada por la Consellería de Traballo, recibieron ayudas pese a la existencia de "incumplimientos importantes y graves" en su resolución. Se trata, según ha señalado, de 13 asociaciones agrarias "independientes, aunque vinculadas a Unións Agrarias" que fueron objeto de "visitas de comprobación" por parte de funcionarios el pasado 7 de junio.

Por ello, el sindicato agrario presentó una querella en la que atribuye a la Xunta un supuesto delito de desvío de poder, un tipo de prevaricación administrativa por el que ahora están imputados dos altos cargos de la Xunta. Por su parte, Bouzada ha negado este extremo y ha defendido que la Administración "actuó en cumplimiento de la normativa" que obliga a "estar seguro" de que "se cumplen todos los requisitos" cuando se concede una subvención. "Eso fue lo que se hizo", ha constatado.

Relato de los hechos

Según ha explicado el director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, la investigación interna para comprobar el destino de las subvenciones se inicia cuando el director xeral de Promoción do Emprego "tiene conocimiento por los medios de prensa de que pudo haber presuntos incumplimientos e irregularidades" en su concesión.

A la vista de esta situación, siguiendo su relato, Andrés Hermida "ordena unas comprobaciones a funcionarios dependientes de su consellería" y, tras ponerse en contacto con los jefes territoriales de Traballo de las provincias, "envía a funcionarios, que no son de libre designación, a hacer unas primeras visitas a las sedes de esas asociaciones".

En esas comprobaciones "aparecen algunos incumplimientos de los requisitos" y, por este motivo, la titular de Traballo, Beatriz Mato, "decide ampliar la información abriendo unas diligencias preliminares". En este momento, tal y como ha afirmado Bouzada, su departamento entra en escena, por tener "entre sus competencias" el "control interno del funcionamiento y actuación de la Xunta".

Junto con personal de la Dirección Xeral de Promoción do Emprego se "investigó" lo conocido en las citadas inspecciones del 7 de junio y se redactó un informe en el que se pusieron de manifiesto "algunos incumplimientos importantes, graves; e irregularidades" en la concesión de las subvenciones. Este documento fue puesto en conocimiento del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y de la propia Beatriz Mato. "COLABORAR"

Tras señalar que comunicaron todas estas cuestiones a la jueza "de forma pormenorizada", Jaime Bouzada se ha ofrecido a "colaborar" en todo lo necesario y se ha declarado "a la espera" de la resolución judicial, que "acatarán". "Tenemos plena confianza en la administración de Justicia", ha enfatizado.

Dicho esto, ha respondido a los medios que su presencia en el juzgado no responde a una investigación sobre un supuesto delito de desvío de poder y ha incidido en que "las investigadas son las asociaciones".

Finalmente, una vez admitida su condición de imputado —"como imputados nos han citado y como imputados hemos venido a declarar"—, el alto cargo ha precisado que la denuncia de UU.AA. se produjo cuando su departamento "aún no había actuado", por lo que ha reprobado la intención del sindicato de "involucrar a la Xunta en su conjunto".

Causas judiciales

En relación con este asunto se mantienen vivas diferentes causas judiciales. En primer término, el PP presentó una ampliación de la querella sobre la base del caso de la agente electoral, formalizada en 2008 y que mantiene imputado al alcalde de Muxía (A Coruña), el socialista Félix Porto, por supuestos delitos de fraude y malversación.

Ante esta situación, el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, anterior responsable de esta área en UU.AA., se querelló por calumnias contra el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, quien le acusó de ser "el nexo" de la trama agraria.

A mayores, se querellaron contra el PP Juan José Quintáns Paredes, citado como un colaborador de Pablo García, y la asesora jurídica del PSdeG que el PP vincula con la trama agraria, Adriana Fernández Vázquez. Por su parte, el ex conselleiro de Traballo y actual vicepresidente segundo del Parlamento, Ricardo Varela, se autodenunció ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para "responder a la difamación del PP" durante su etapa al frente del departamento autonómico.

Además, una semana después de que se produjera la entrada de funcionarios en distintas sedes de UU.AA., este sindicato inició acciones judiciales contra la Xunta por prevaricación.

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