El BNG defiende este martes en el Congreso reducir al mínimo las diputaciones provinciales para ahorrar

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) defenderá este martes en el pleno del Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Bases del Régimen Local con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan adoptar la reformas necesarias para limitar al mínimo las funciones de las diputaciones provinciales, como método para reducir el gasto público e imprimir criterios de racionalidad en la Administración.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) defenderá este martes en el pleno del Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Bases del Régimen Local con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan adoptar la reformas necesarias para limitar al mínimo las funciones de las diputaciones provinciales, como método para reducir el gasto público e imprimir criterios de racionalidad en la Administración.

Los nacionalistas gallegos intentarán que la Cámara Baja tome en consideración una proposición de ley, recogida por Europa Press, en la que recuerdan que las diputaciones provinciales se crearon para asegurar una aplicación homogénea de la acción política del Gobierno central y que hoy ese esquema ha sido superado por la acción de las comunidades autónomas, sin que quedara bien resuelto en la Constitución de 1978.

A su juicio, es hora de revisar ese diseño institucional "de tal manera que sean las comunidades autónomas quienes articulen y ensamblen las entidades provinciales en su estructura institucional, posibilitando con ello no sólo mayores niveles de eficacia en la acción administrativa sino también una utilización más racional de los recursos públicos".

Asistencia técnica y poco más

La propuesta del BNG es que las diputaciones provinciales, si se mantienen, se queden con la función de asistencia técnica a los municipios y la participación en los instrumentos de planificación cuando fuera de estricto interés provincial, mientras que el resto de competencias se habrían de repartir entre el Ejecutivo autonómico y los municipios, conforme decidan las comunidades.

Todo ello "con criterios de racionalización y eficiencia administrativa y con vistas a una reducción significativa de las administraciones provinciales". "Se pretende abordar una reforma administrativa que aúne racionalidad y austeridad de gasto público al posibilitar el traslado de algunas de las funciones y servicios de las corporaciones provinciales a otras administraciones, locales o autonómicas", reseña el texto.

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