El grupo independiente Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón) reclama que la Fiscalía Anticorrupción investigue la financiación de las obras promovidas por el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), en el cortijo que comparte con su familia, toda vez que el propio Ayuntamiento, a través de un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, ha resuelto que buena parte de los trabajos "exceden" la licencia concedida el 1 de marzo de 2004 en favor de la esposa de Morilla sencillamente para la "rehabilitación" de una casa de campo.

Como se recordará, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla había atisbado un posible delito contra la ordenación del territorio en las obras acometidas en la finca Zafra bajo la licencia de obras solicitada al Ayuntamiento de Morón de la Frontera por la propia esposa del alcalde, Ana F.V. No obstante, la Fiscalía había esgrimido la prescripción de los hechos en cuestión, a la hora de archivar las diligencias incoadas contra el primer edil de Morón, su cónyuge y el arquitecto municipal, sobre cuyos actos resolvía que es "indiscutible" que los trabajos superan "notoriamente" lo autorizado.

En concreto, la esposa del alcalde de Morón, Ana F.V., solicitó en 2004 una licencia de obras al Ayuntamiento con destino a la "rehabilitación de una casa de campo" en la finca Zafra. A tal efecto, el 1 de marzo de 2004, un decreto de Alcaldía otorgaba la correspondiente licencia de obras para la "sustitución de la cubierta —forjado y faldones— de dos viviendas existentes en el cortijo", dado que un informe previo del arquitecto municipal advertía de que, merced a las normas subsidiarias urbanísticas de Morón de la Frontera, tales suelos solo pueden acoger "obras de conservación y mejora".

El expediente concluye con orden de demolición

Una propia inspección cursada posteriormente por el arquitecto municipal derivó en un informe emitido el 17 de febrero de 2010 con la advertencia de que "las obras realizadas exceden de la licencia municipal concedida debido a que se han llevado a cabo obras en la totalidad del cortijo y, si bien la superficie ocupada por la edificación principal es similar a la preexistente, se han realizado obras en zonas del caserío que van más allá de la simple rehabilitación o conservación, pues se detecta estructuras de reciente construcción que hacen suponer que se ha procedido a la demolición y nueva planta".

En el mismo informe, según figura en el propio expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, el arquitecto municipal consideraba que las obras acometidas "pueden ser compatibles con la legalidad vigente" y, a tal efecto, aconsejaba "requerir al interesado para que inste la legalización" de los trabajos, extremo que dio lugar a este expediente incoado en concreto el 19 de febrero de 2010.

Frente a las alegaciones de Ana F.V., el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, firmado el 16 de febrero por la secretaria general del Ayuntamiento, Ascensión Serrano, y recogido por Europa Press, zanja que las obras en cuestión "constituyen un exceso" en cuanto a la licencia de obras concedida el 1 de marzo de 2004. A tal efecto, se insta a Ana F.V. a legalizar la sustitución de las cubiertas del almacén y del cuerpo principal de la nave, resolviendo "la demolición completa" de la vivienda número uno, la "ampliación" de la vivienda número dos o de los guardas y de la "construcción secundaria anexa a la piscina".

Los independientes reaccionan

Los independientes de Morón, que habían elevado los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico y habían intentado personarse precisamente en este expediente, han señalado a Europa Press que es "de justicia social" que la Fiscalía Anticorrupción investigue la "financiación" de los trabajos censurados por el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, pues el alcalde y su hijo, quien ostenta la Concejalía de Urbanismo, habrían utilizado a Ana F.V. "como pantalla de protección ante las ilegalidades cometidas".

Para AMA-Morón, la resolución del expediente prueba que "las obras ilegales" de la finca Zafra fueron consumadas durante 2005, "pueden estar valoradas en más de 700.000 euros" y fueron financiadas "sin ningún préstamo hipotecario". Tales hechos, según los independientes, coinciden con el papel del alcalde en "la mayor operación especulativa inmobiliaria de la historia de Morón", en alusión a la adjudicación a la promotora 'Mozampro XXI' de unos suelos antaño propiedad de 'Portland Varderribas' con destino a la construcción de viviendas protegidas. La operación, según los independientes, constituyó un 'pelotazo' en favor del promotor y "amigo" del alcalde José María Montoya al haber cosechado supuestamente un beneficio de más de un millón de euros al revender en 2007 esta sociedad limitada en cuestión sin haber edificado las viviendas.