El decreto de reordenación del sector público de la Junta entra en vigor este martes tras su publicación en BOJA

(Esta noticia sustituye a la anterior con el mismo titular al tratarse de una ley, y no de un decreto ley. Es todo).

La ley de reordenación del sector público de la Junta entra en vigor este martes tras su publicación en BOJA

La Ley de reordenación del sector público de Andalucía entrará en vigor este martes tras ser publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), después de que la semana pasada fuera aprobada en el Parlamento andaluz.

En la exposición de motivos de la norma, consultada por Europa Press y compuesta por 36 artículos y varias disposiciones, se pone de manifiesto que el objetivo es "mejorar la gestión y la calidad en la prestación de los distintos servicios públicos, mientras que se garantiza la salvaguarda de los derechos de los empleados públicos, reforzando la voluntariedad del proceso de integración".

Asimismo, se apunta que "queda garantizada la aplicación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y la aplicación del convenio colectivo de la administración de la Junta al personal laboral de la misma hasta que, en su caso, exista un nuevo convenio". Además, se indica que se mantiene la condición de personal funcionario o laboral, con independencia de su integración en alguna de las nuevas agencias.

También se indica que queda reforzada la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la administración general de la Junta.

La racionalización del sector público pasa por la supresión de 111 entes instrumentales dependientes de la comunidad, lo que supondrá un ahorro económico estimado de 118 millones en el periodo 2010-2013.

La Ley contempla que en el marco del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, se constituirá una comisión formada por los representantes de la Junta y por los representantes de las organizaciones sindicales más representativas de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con el objetivo de "acordar la estructura de la negociación colectiva del sector público andaluz, así como los contenidos y el desarrollo de la misma". La referencia inicial será el vigente convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta.

La pasada semana, el Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, con los únicos votos del PSOE, la Ley de reordenación del sector público andaluz, que ha contado con el voto en contra del PP-A y la abstención de IULV-CA.

El debate de la ley se produjo mientras varios sindicatos y plataformas de empleados públicos protestaban en la puerta del Parlamento andaluz en contra de la nueva norma, que sólo ha sido apoyada por los sindicatos CCOO-A y UGT-A.

Mediante esta Ley, se reforman varios artículos de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía y se apunta que las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad.

En una de las disposiciones adicionales, se contempla que los estatutos de las entidades instrumentales y la modificación de las estructuras organizativas de las consejerías a las que afecta esta ley deberán aprobarse y publicarse antes del 30 de junio de 2011, de forma que antes de la misma fecha deberán concluirse todas las operaciones jurídicas derivadas de la misma.

Durante el debate final de la ley, el PP-A volvió a defender las 42 enmiendas que planteó en su día, mientras que IULV-CA, a quien PSOE le aceptó 13 durante el trámite de comisión, también ha defendido sus 72 restantes. El grupo socialista no ha aceptado ninguna de ellas ante el Pleno.

Modificaciones legislativas y creación de agencias

Esta Ley contempla también la modificación de la ley de Patrimonio de la Comunidad, donde se contempla la posibilidad de efectuar enajenaciones de bienes inmuebles del patrimonio de la Comunidad, donde se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a 20 millones de euros.

También se modifica la Ley andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, se contempla la adaptación y transformación de Ferrocarriles de la Junta, se modifica la Ley de Ordenación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, se contempla la adaptación del Servicio Andaluz de Empleo, que adoptará la figura de agencia de régimen especial y cuyos bienes se incorporarán al patrimonio de la Comunidad.

Asimismo, se contempla la conformación como agencia pública empresarial a la empresa pública de Hospital de la Costa del Sol, agencia empresarial a la que se adscribirá la empresa pública hospital de Poniente de Almería, la empresa pública hospital Alto Guadalquivir y la empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.

En esta ley se alude a la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, se crea la Agencia de Servicios Sociales y dependencia de Andalucía, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, mientras que queda extinguido el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y la Agencia Andaluza del Agua.

Además, se hace mención expresa a la supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), cuyos bienes se incorporarán al patrimonio de la Junta y sobre la que se alude expresamente en cuando a la posibilidad de acceso a la propiedad para aquellas personas adjudicatarias de explotaciones que cumplan ciertos requisitos. También se aluden a la extinción de las cámaras agrarias de la Comunidad.

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