El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha anunciado este domingo que llevará al Gobierno andaluz ante los tribunales de Justicia en el caso de que no remita al Parlamento la información requerida en torno a las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta, apuntando al mismo tiempo a la "responsabilidad política" que en este caso tienen tanto el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

Durante un acto celebrado en Sevilla, el máximo dirigente del PP andaluz ha aseverado que "no vamos a permitir que no llegue al Parlamento la información que tiene que llegar", como son "los informes de las auditorías y de la intervención de Hacienda, así como los avales jurídicos al convenio del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) con la Consejería de Empleo".

"Todos estos informes están requeridos en el Parlamento, y no vamos a aceptar bajo ningún concepto el argumento del envío de esos informes a la autoridad judicial para tapar el ejercicio de control en" la Cámara andaluza, según ha proseguido el dirigente popular, quien ha subrayado que "si no se nos envían esos informes, llevaremos al Gobierno andaluz ante los tribunales, demandando la información imprescindible para el ejercicio de nuestro trabajo como parlamentarios".

De igual modo, Arenas ha asegurado que, en este asunto, "responsabilidades políticas las hay y muy importantes", apuntando en este sentido tanto a Chaves como a Griñán, cuya "responsabilidad" consiste en "haber conocido los procedimientos que había en marcha y haberlos tapado", recordando que "la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen órdenes a través de las que regulan las ayudas a los trabajadores sometidos a ERE".

Se está "hiriendo de muerte" al parlamento

"Aquí, esas ayudas han sido ocultas, no las conocían las empresas que, por supuesto, no conocían el resultado final de la concesión", según ha agregado el máximo dirigente popular andaluz, al tiempo que ha puesto de manifiesto que "hace falta que se expliquen muchas cosas, y sobre todo que no se hiera de muerte al Parlamento". "Estoy convencido de que, si no hay una comisión de investigación parlamentaria, se le está hiriendo de muerte".

En esta línea, Arenas ha anunciado que, "si llega el cambio, hay una cuestión muy clara, y es que con el Gobierno del cambio no hará falta una mayoría absoluta para que se hagan comisiones de investigación", recordando que "ya llevamos más de 15 años sin una sola comisión en el Parlamento andaluz". "El 28-F va a ser muy triste, pues hay un record de paro y también de escándalos", ha apostillado.

Asimismo, Arenas ha dado a conocer una documentación en la que "se pone de manifiesto cómo el resultado final de algunos ERE donde hay personas que no debieran estar tienen la firma de los responsables de la Junta". De este modo, y según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, un responsable de la consultora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, remitió el 23 de noviembre de 2005 un correo electrónico a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en el que adjuntaba la carta de financiación de Río Grande Sevilla S.L..

Tras ello, y según los documentos aportados, el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, firmó un documento el mismo día 23 de noviembre de 2005 en el que mostraba su "conformidad" a que se suscribiera una póliza para 13 ex trabajadores de Río Grande, comprometiéndose a abonarles 664.092,96 euros a fecha 1 de junio de 2006 y la misma cantidad a fecha 1 de junio de 2007. Entre los trabajadores, se incluye a Carmen Fontela González.