El alcalde de Valladolid afirma que abrirá una comisión de investigación del PGOU "cuando lo haga Griñán en Sevilla"

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha asegurado este sábado que abrirá una comisión de investigación sobre las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la capital "cuando lo haga Griñán en Sevilla", en referencia al asunto de los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha asegurado este sábado que abrirá una comisión de investigación sobre las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la capital "cuando lo haga Griñán en Sevilla", en referencia al asunto de los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla.

En declaraciones recogidas por Europa Press durante la inauguración de un aparcamiento subterráneo, el regidor vallisoletano ha dado por hecha la presentación del recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló la modificación como errores materiales de las modificaciones realizadas en el PGOU de 2003 tras su aprobación en el Pleno municipal.

El regidor ha apuntado que, aunque no tiene confirmación oficial, el recurso de Casación al Tribunal Supremo se ha presentado el viernes, último día del plazo, pues así lo acordaron "los servicios jurídicos de la Junta y el Ayuntamiento".

En cuanto a la solicitud del Grupo Municipal Socialista para que se abra una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre las irregularidades que llevaron a la modificación de 70 artículos del PGOU, el alcalde ha aseverado que la abrirá cuando lo haga el presidente de la Junta de Andalucía con respecto al caso de Mercasevilla.

El Partido Popular andaluz ha denunciado en los últimos días que el mercado de abastos hispalense impulsó los expedientes de regulación de 2003 y 2007, que ahora son investigados por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que además indaga el libramiento de 647.869.157,45 euros desde la Consejería de Empleo para incentivar expedientes de regulación de empleo en empresas en crisis mediante un método considerado irregular por la Policía Judicial.

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