El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Lleida contra la suspensión cautelar de la ordenanza que prohíbe el uso del burca y el velo islámico en los edificios públicos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene "íntegramente" la resolución inicial del TSJC, que suspendió cautelarmente esta prohibición al considerar que su ejecución podía comportar perjuicios muy difíciles de reparar para las personas a las que se les impida la entrada en los equipamientos municipales.

El Ayuntamiento de Lleida empezó a aplicar la prohibición del burca y de cualquier otra vestimenta que ocultara el rostro en el interior de los edificios públicos el pasado 9 de diciembre, día que entró en vigor la nueva normativa.

Sin embargo, la asociación islámica Watani interpuso un recurso contencioso-administrativo contra esta ordenanza al estimar que la prohibición vulnera los derechos fundamentales de las mujeres musulmanas, ya que supone una discriminación por razones religiosas.

En su recurso, la entidad pidió la anulación de los artículos que prohíben la entrada en las instalaciones municipales con el velo integral y la suspensión de la ejecución de la ordenanza como medida cautelar. El pasado mes de enero, el TSJC estimó la petición de Watani y suspendió la aplicación de la ordenanza hasta que hubiera una sentencia al respecto.

"Las valoraciones que se reclaman comportarían, en mayor o menor medida, entrar en análisis de fondo de la cuestión, lo que ya se dijo no procede realizar en este trámite, sino que debe ser objeto de la sentencia a dictar, tras el oportuno debate entre todas las partes", indica el TSJC en su resolución.

El Ayuntamiento de Lleida tiene ahora la posibilidad de interponer un recurso de casación en un plazo máximo de diez días. El alcalde leridano, el socialista Àngel Ros, ya advirtió hace unos días de que si la Justicia declara finalmente ilegal la ordenanza que prohíbe el uso del burca en los establecimientos municipales instará al Parlament a aprobar una normativa que regule esta cuestión.