El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos, ha asegurado este viernes en Valencia que los establecimientos cuyas terrazas están pendientes de una solución definitiva —cinco en Pinedo, dos en El Saler y cinco en la playa del Puerto de Sagunto—, tienen que intentar, junto con la Generalitat y el Gobierno Central "el acuerdo de las condiciones similares a las que hemos tenido en toda España" —50 metros de terraza, además de los 150 metros de local— y, mientras tanto, "se les ha dado una prórroga de temporada para que puedan funcionar", como ocurrió el año pasado. Así, ha advertido que "deben caminar a que hay que ajustar las dimensiones a las que la ley posibilita".

La diferencia de estos establecimientos con los que ya han acatado la ley y han adoptado una "solución ya negociada e incorporada al título concesional", como Malvarrosa, es que los primeros "tienen la inestabilidad de que puede no continuar la concesión" si "al final del proceso ellos no ha hecho un ajuste".

Ríos también ha advertido que le gustaría llegar a un entendimiento "antes de ir a un proceso contencioso" y ha defendido que "más vale un mal acuerdo que un buen pleito".

Sobre las soluciones, ha dicho que puede haber varias, como adecuar los metros o redimensionarlo o valorar una reubicación del establecimiento fuera del dominio público.

El director general ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad y seguridad de que el disfrute del litoral se va a hacer en condiciones y garantías ajustadas a la ley, pero también entendiendo las realidades que tenemos en el entorno".

Ríos ha explicado que "lo novedoso" es que no pretenden actuar unilateralmente, ha expresado su intención de comprometerse con la Comunidad Autónoma "en la gestión de esta realidad" y ha anunciado que la próxima semana se reunirá con los hosteleros.

Sobre esta negociación, ha ejemplificado, que si él regentara un negocio cuya concesión caducara al año, ¿"usted cree que no voy a intentar ponerme de acuerdo para continuar llevando el negocio?", se ha preguntado, pero también ha advertido que "esto de arrastro las diez y una, no vale". "DISCRIMINACION"

Sobre la "concepción del trato discriminatorio" para Valencia que ha detectado que puede haber, ha señalado que en esta autonomía persisten instalaciones de 418 metros, y ha remarcado que en Andalucía, al igual que en el resto de España, se está aplicando el mismo criterio que en esta Comunidad Autónoma y ha garantizado que se actúa en todas partes con los mismos criterios ante una situación irregular.

Según Ríos "no es lógico ni razonable entender que puede haber una especie de presencia a la carta en cada uno de los sitios" y ha destacado que es "una conquista para el futuro la recuperación del acceso al litoral de todos los ciudadanos en lugar de transformar la costa en una suma de cotos privados". Igualmente, ha remarcado que de 400 establecimientos en la Comunitat, "estamos hablando de 26 y de entre éstas, de 12".

También ha advertido que "no es bueno irse a una reunión con los afectados y decirles 'pero qué torpes habeis sido, que habeis facilitado que os levanten 50 metros cuando yo voy a conquistar que me dejan 50 metros'". Preguntado sobre si estos establecimientos han sido utilizados políticamente, ha respondido que cree que "intentan solucionar su problema".

Igualmente, ha recordado que en el caso de Sagunto, tres establecimientos tienen las concesiones caducadas y a pesar de tener "sentencia firme" al respecto, "estamos actuando desde la fórmula del entendimiento con el ayuntamiento.

Traspaso competencias

Ríos ha querido dejar claro también que aunque la Comunidad Autónoma pase a ostentar estas competencias, el "problema" no desaparece, porque aunque la gestión de las competencias de dominio público estén en manos de la Generalitat, como ocurre en Cataluña, Baleares o Andalucía, el dominio público sigue siendo del Estado y "sigue siendo una gestión compartida".

Por otro lado, ha lamentado la "estrategia" del PP a nivel estatal de "amañamiento de la ley de Costas con cosas puntuales" y les ha instado a, si quieren cambiar la ley "que den la cara y lo digan: 'queremos recuperar la propiedad privada en el litoral"'.