Comisiones Obreras afirma que entre los trabajadores de Nueva Rumasa, después de que diez empresas del grupo hayan solicitado el inicio de un procedimiento preconcursal, hay una "absoluta intranquilidad e incertidumbre", al tiempo que reclama un "papel más intenso" del Gobierno y de las comunidades autónomas ante la situación del grupo de sociedades de la familia Ruiz-Mateos.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar, ha indicado que las empresas de la familia Ruiz-Mateos sufren un "problema estructural, financiero y de modelo de gestión que requiere más implicación de las administraciones". "Es un problema global y tiene que haber una solución global", apuntó.

En este sentido, ha aludido al hecho de que se trate de un "entramado" de empresas que no consolidan como holding y que tienen matrices en paraísos fiscales.

"Estos meses —en alusión al plazo de tres meses ampliable a cuatro que concede el procedimiento de negociación de deuda de la Ley Concursal— no deben servir para que la empresa oculte la situación real", ha apuntado.

Pide aclarar la situación con hacienda

En este sentido, el dirigente sindical reclamó una "intensidad de actuación" de las comunidades autónomas que "han colaborado o favorecido" proyectos de Nueva Rumasa "por distintas vías". Tras el pronunciamiento de la Tesorería General de la Seguridad Social, pidió también que se aclare "cuál es la situación con Hacienda".

"Hay un problema gravísimo de credibilidad, no sólo de la banca, sino también de proveedores que han determinado no servir, y la desconfianza de los trabajadores es absoluta", remarcó Villar, quien afirmó que toda la estructura del sindicato está trabajando en una serie de iniciativas "a muy corto plazo" y de distinto tipo, incluidas las acciones judiciales.

En Baleares, CCOO ha informado de que va a pedir a los trabajadores de Nueva Rumasa que soliciten su inscripción como acreedores de la empresa, con el fin de reclamar las nóminas que se les adeudan, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

En esta línea está trabajando también la Federación Agroalimentaria de UGT, que busca "la vía jurídica" que le permita personarse en los procesos que ha abierto Nueva Rumasa al amparo de la Ley Concursal, con el propósito de que los trabajadores cobren los salarios atrasados y de garantizar que las medidas que se adoptan permiten el mantenimiento de la actividad y del empleo.

Dos años con retrasos en nóminas

En un comunicado, UGT asegura que las empresas de Nueva Rumasa "hace ya dos años que se retrasan en los pagos a empleados y a proveedores, lo que suponía falta de materia prima para las fábricas que implicaba el bloqueo de la producción".

Además, la organización sindical anuncia su intención de solicitar que se suspenda la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Clesa hasta que no se aclare la "realidad económica" del grupo.