Este acuerdo se ha tomado después de que en último pleno hubiera falta de consenso que impidió aprobar la estimación realizada por el técnico municipal, Juan Cervantes, para calcular la cantidad presuntamente defraudada en el pesaje de las basuras, por la mercantil concesionaria del servicio desde 1999, investigada como una de las ramificaciones del caso Brugal. Estas decisiones están pendientes de ratificar en el próximo pleno.

En este sentido, una de las propuestas se refería a la estimación de las cantidades ya abonadas por el Consistorio y la otra a la cantidad pendiente por pagar, motivo por el que el empresario oriolano le ha interpuesto un proceso contencioso-administrativo.

Las propuestas han sido aprobadas con los votos favorables del PP, la edil del Bloc, Antonia Avargues, el concejal del PSD, Antonio Romera, y el alcalde del municipio, el nacionalista Ximo Tur. El grupo municipal socialista se ha abstenido, según ha informado a Europa Press el portavoz popular, José Perles.

Otro de los acuerdos alcanzados ha sido que en el expediente además de los informes del técnico municipal actual, Juan Cervantes, también conste los del anterior, José Luis Faubell Collado. Ambos técnicos estuvieron presentes en la reunión.

Igualmente, también ha sido aprobada otra de las reivindicaciones que exigían tanto oposición como los ediles populares, la de incluir en el expediente las certificaciones firmadas por medio de firma digital por el concejal de Tratamiento de Residuos, Antonio Romera.

Por su parte, el grupo municipal socialista, que se ha abstenido, ha considerado que "no se puede despachar la liquidación con un informe del mismo técnico que no observó ninguna anomalía durante todos estos años en las facturas que remitía la empresa Colsur", por lo que condiciona su aprobación a una auditoría externa, según han informado este jueves en un comunicado.

En este sentido, ha propuesto que sea la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) a la que el Ayuntamiento le encargue "con carácter extraordinario y urgente una auditoría técnica que revise el contrato y la facturación, y que en definitiva determine de manera objetiva y con criterios claros el cuánto del fraude cometido".

Los demás ediles presentes en la comisión han opinado a este respecto esta medida no es necesaria, ya que cuando el asunto sea resuelto en los tribunales serán éstos quienes ordenen una auditoría que verdaderamente sea ajena, según ha explicado Perles.