Marisol Carrasco, doctora en medicina estética entre cuyos clientes cuenta con la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, ha defendido ante la jueza instructora del caso Voltor el interés público del proyecto que impulsó para evaluar los spas de los hoteles y por el que el Govern la contrató de forma presuntamente irregular por unos 85.000 euros, al tiempo que ha aseverado que el desarrollo de la iniciativa requirió de "muchas horas" y de "años de trabajo".

Durante su declaración como testigo en el marco de la pieza 11 de la causa ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, Carrasco ha señalado que la idea de poner en marcha este proyecto se fraguó en 2006 "inicialmente como un hobby" y porque era "un tema bonito", y fue entonces cuando pidió consejo a Munar para saber dónde podía presentarlo. Así, en noviembre de ese año se reunió junto a su equipo profesional con la entonces presidenta del Consell y otros consellers como el de Presidencia, Francesc Buils, a quienes explicaron que su proyecto incluía la catalogación y clasificación de spas, un análisis de su situación en Mallorca, las normativas existentes a nivel internacional y la mejora de las carencias que había.

Pese a manifestarles que los propios hoteleros solicitaban la creación de una normativa y una mejora de servicios, desde la Institución insular les transmitieron que este proyecto no era de su competencia. Así, en 2008, tras "muchos intentos" de que los recibieran en el Govern para poder materializar la propuesta, tuvo lugar la presentación de ésta a la que asistieron tanto Buils, ya como conseller de Turismo del Ejecutivo autonómico, como el ex gerente del Instituto de Estrategia Turística, Antoni Oliver. En un momento dado, ha explicado la testigo, Buils se le acercó y le comentó que su proyecto era "precioso".

Así las cosas, en febrero de 2008 fue constituida la sociedad Instituto Balear de Catalogación y Clasificación de Spas (IBCCS) a fin de desplegar el proyecto y que éste fuese contratado por el Govern, para a partir de 2009 iniciar las visitas a los spas y desarrollar las posibles rutas turísticas y tratamientos.

"no hubo adjudicación a dedo"

"En ningún momento se trató de un tema de adjudicación a dedo", ha defendido Carrasco a pesar de que las investigaciones apuntan a se habría beneficiado de forma directa de un contrato menor de 18.000 euros y un negociado sin publicidad por importe de 60.000 euros más IVA -unos 85.000 euros en total- para catalogar los balnearios de las instalaciones hoteleras. Los investigadores tratan de esclarecer si estas concesiones fueron otorgadas de forma que se evitase la convocatoria de un concurso público.

En cualquier caso, ha atribuido los "temas de gestión" a su socio Juan Carlos Pujol, quien junto a Josep Lluís Capllonch también ha sido interrogado por la magistrada en relación a este mismo asunto. "Nunca tuve nada que ver con los temas de administración y nunca estuve en sus reuniones", ha incidido Carrasco. Según las pesquisas, mediante la fórmula del negociado concurrieron al negociado tres empresas pertenecientes a los tres socios, quienes se garantizaban de este modo la concesión del contrato al presentarse a través de una sociedad que acompañaban de otras dos ofertas de apoyo, según informaron fuentes del caso a Europa Press.

Finalmente, la testigo ha explicado que inicialmente el proyecto que les presentaron era analizar diez spas, aunque "hemos intentado hacer más trabajos con la empresa pero no hemos podido llevar a efecto el proyecto final que teníamos en mente". Según ha subrayado, el proyecto global podía ascender a más de dos millones de euros e incluir más de 300 spas. Respecto a por qué no ofrecieron los resultados de las inspecciones a los hoteleros, ha justificado que "la propiedad intelectual era del Inestur y no podíamos dar resultado alguno".

La incoación de esta pieza separada se produjo después de que la Conselleria aportase al Juzgado un expediente con los pagos que efectuó el departamento, entonces dirigido por el ex 'uemita' Francesc Buils, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros en el marco del caso Voltor. Los investigadores sostienen que las auditorías realizadas por Carrasco carecían de utilidad pública e incluso se desconocen la mayoría de los resultados arrojados por las presuntas inspecciones.