El Partido Popular va a proponer que el Gobierno regional anticipe a los afectados por las sentencias de derribo el valor de las viviendas —calculado con los baremos de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria— sin esperar a que se resuelvan las reclamaciones patrimoniales.

Y es que, a su juicio, el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo para modificar la Ley del Suelo y permitir iniciar los procedimientos de reclamación antes del derribo efectivo es "insuficiente".

Lo que plantea el PP es no sólo poder comenzar la reclamación antes del derribo, sino garantizar que los afectados cobren una cuantía "mínima" antes de la demolición, con independencia de la indemnización que finalmente les corresponda una vez resueltas las reclamaciones, que pueden demorarse años.

Ésta es una de las propuestas que el Grupo Popular va a plantear con sus tres enmiendas parciales al proyecto de ley de modificación de la Ley del Suelo remitido por el Gobierno a la Cámara regional, un texto que en palabras de la secretaria general del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, es "una simple operación de maquillaje".

De las tres enmiendas parciales planteadas por la oposición, una afecta a la exposición de motivos y las otras dos recogen el contenido de fondo.

La primera de esas enmiendas es la que propone articular un sistema de anticipos para que los afectados queden "a salvo" desde el primer momento y no tengan que esperar a que se resuelvan las posibles discrepancias entre administraciones, para determinar quién debe pagar, y por otro lado, ante la falta de recursos económicos por parte de los ayuntamientos para hacer frente a los pagos.

La diferencia con respecto a lo que plantea el Gobierno en el proyecto de ley remitido al Parlamento es que la medida del Ejecutivo permite iniciar la reclamación patrimonial antes del derribo (antes de que el daño sea efectivo), pero eso no asegura que el pago de la indemnización sea también antes de la demolición, cosa que sí ocurriría con un anticipo, como propone el PP.

En palabras de Sáenz de Buruaga, está "bien" anticipar el inicio de la reclamación, pero es "insuficiente", porque eso no adelanta el pago y "no te libra de los años de pleitos". Por eso los 'populares' sugieren este sistema de anticipos.

Para calcular el anticipo que correspondería a cada afectado, el PP remite a los valores que aplica la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) a la hora de abonar el Impuesto de Transmisiones y propone que se pague a los afectados el valor íntegro de la vivienda de acuerdo con esos baremos.

En su enmienda, el PP fija un plazo de dos meses para percibir el anticipo desde la presentación de la reclamación, y establece también los cauces para que después el Gobierno recupere el dinero adelantado si la indemnización corresponde a los ayuntamientos.

Seguridad jurídica

La segunda enmienda de fondo de la oposición se refiere a las garantías jurídicas de los nuevos compradores. En este campo, lo que propone el Gobierno es que en el Registro de la Propiedad figure una anotación preventiva cuando una vivienda tenga sentencia de derribo o esté pendiente de algún recurso, pero el PP cree que esto tampoco es suficiente, porque en las compras bajo plano, por ejemplo, el comprador no llega a conocer esa información.

Lo que sugiere en este caso, además de la medida planteada desde el Ejecutivo, es una mayor vigilancia sobre los promotores para que cumplan la obligación de contratar avales y seguros por si hubiera problemas y tuvieran que devolver las cantidades adelantadas por los compradores. La secretaria general del PP cántabro ha puesto el ejemplo del Alto del Cuco, donde los compradores que así lo decidieron pudieron recuperar su dinero.

Sáenz de Buruaga ha recordado que la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios obliga a la suscripción de esos avales o seguros, pero no siempre se hace. Y lo que propone el PP es que el Gobierno adopte medidas para garantizar que se cumple y que pueda llegar a suspender la licencia y paralizar las obras si se incumple ese requisito.

"maquillaje" para "ganar tiempo"

Para la diputada 'popular', estas medidas planteadas por su grupo son "verdaderas soluciones" a la situación de los afectados por las sentencias de derribo y, además, suponen una alternativa "jurídicamente impecable", que responde a sus demandas y ha estado "en todo momento" sobre la mesa.

Por eso, no entiende que el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Parlamento no lo recoja, algo que achaca a la "falta de voluntad política" del Gobierno y a que la "palabra" del presidente, Miguel Ángel Revilla, "no vale nada".

A su juicio, el texto enviado por el Ejecutivo a la Cámara "no responde a ningún compromiso" sino a una "simple operación de maquillaje"; no busca soluciones, sino "seguir ganando tiempo", y no busca hacer justicia, sino "electoralismo".

De hecho, ha recalcado que no se acompaña de memoria económica, lo cual supone el "mayor reconocimiento" de la "vaciedad" del texto, que deja a los afectados con el mismo derecho a ser indemnizados que tenían antes.

Según dice, el Gobierno ha presentado la modificación "casi a la fuerza, después de demasiadas prórrogas, por la inmediatez de las elecciones y la apremiante necesidad de Revilla de sacudirse de encima los damnificados por su Gobierno".