El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha asegurado que el informe de fiscalización de la cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2009 realizado por la Audiencia de Cuentas "avala la política de austeridad" al tiempo que descarta que se hayan cometido "ilegalidades o irregularidades".

Marrero ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife que el informe debe singularizarse y justificó que se hayan convalidado unos 27.000 contratos en el Servicio Canario de Salud. "Es lógico", ha afirmado para precisar que en este caso si no se hiciese así no se podrían cumplir algunos servicios.

"Los datos avalan las política de austeridad", ha insistido Marrero para recordar que el archipiélago cumplió el objetivo de no superar el 2,4 por ciento del PIB de endeudamiento en 2010 impuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda. "Canarias es la comunidad que más reduce el gasto corriente", ha añadido.

De igual forma, afirmó que se aplican los controles legales y se cumplen los mecanismos de fiscalización. Por ello descartó que haya habido ilegalidades o irregularidades. Apostilló aquí en relación al SCS que la práctica de la convalidación es "legal" y que se dedica a gastos imprevistos o urgentes en los que no se puede cubrir el proceso de fiscalización previa. "Se justifican a posteriori", dijo.

En esta línea, Marrero ha defendido la ejecución presupuestaria en el Servicio Canario de Empleo. Justificó que se dejasen de ejecutar en 2009 un total de 45 millones en el hecho de que de haberlo hecho se hubiera incumplido con la imposición estatal de no aumentar el déficit. Se preguntó aquí si el PSOE quiere que el Gobierno incumpla las directrices del Ministerio.

Además, el portavoz rechazó que el Gobierno haya dejado de cobrar 400 millones de euros en concepto de Igic por mala gestión. Aquí recordó que la recaudación ha sufrido un descenso pero debido a la crisis. "Se agitan datos que nada tienen que ver con la realidad", dijo tras las recientes críticas del secretario general del PSC-PSOE, José Miguel Pérez.

Por último, Marrero recordó que el presidente Rivero ha defendido una reforma administrativa, pero en general, "para garantizar la supervivencia de los servicios públicos". Dijo aquí que el Ejecutivo regional ya aplica medidas para transformar el sistema administrativo. La reforma debe empezar por las normas estatales, defendió.

El portavoz insistió en que la administración autonómica se reducirá un 20 por ciento y recordó que la primera de las tres o cuatro empresas públicas que se suprimirá es Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT).