El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha resaltado este miércoles sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía que éstos son competencia de la Administración regional "desde hace más de un cuarto de siglo" y ha subrayado que la limitada intervención de la Administración General del Estado en este asunto ha sido "estricta y rigurosa".

"La competencia para este asunto corresponde en exclusiva a la autoridad laboral andaluza", ha recalcado el ministro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, para explicar después que la intervención del Gobierno central se limita a dos aspectos: "Determinar si procede o no el pago de prestaciones por desempleo y determinar si hay algún tipo de convenio especial con la Seguridad Social".

En ambos casos —ha dicho Gómez— se han "aplicado todos los controles necesarios". "La actuación del Ministerio ha sido rigurosa", ha añadido, en línea con lo manifestado en la sesión de control de la semana pasada, cuando los 'populares' ya le interrogaron sobre este tema.

El diputado del PP Ricardo Tarno ha aprovechado su pregunta para aludir a la supuesta negativa del vicepresidente tercero y ministro de Politica Territorial, Manuel Chaves, a contestar a una de estas preguntas a las que finalmente ha hecho frente Gómez y ha mantenido que este cambio podría deberse a la publicación este miércoles de una información que apunta a que el ex ministro socialista Carlos Solchaga cobró una comisión por gestionar la subvención que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Matsa en la que trabajaba la hija de Chaves.

Además, Tarno ha defendido que el PP no miente en el caso de las supuestas irregularidades de los ERE apoyándose en que "la policía afirma que el sistema para subvencionar ERE en Andalucía es nulo de pleno derecho", "existen tres informes aconsejan el cambio de modelo" o que "la Junta ha pagado por ERE tres veces más que el Ministerio".

El también 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla ha sucedido a Tarno con otra pregunta a Gómez, también sobre los controles del Ministerio al respecto y ha iniciado su intervención acusándole de "cruzarse de brazos para ver pasar la situación".

Al respecto, éste le ha pedido al ministro que se reúna con responsables de Fogasa, de la Dirección General de Trabajo o del Servicio Estatal Público de Empleo para averiguar lo que pasó o si las prestaciones pagadas debieron abonarse o no. "Déjese de eludir responsabilidades políticas en esta Cámara porque si no lo hace será cómplice de los abusos e irregularidades que sus compañeros están cometiendo en la Junta", ha aconsejado el diputado a Gómez.