La Consellería de Medio Rural defiende, "ante las críticas contra su gestión", que sus actuaciones para erradicar el nematodo del pino —detectado en un árbol del municipio pontevedrés de As Neves— tienen "como una prioridad el firme compromiso de minimizar el impacto económico en la zona afectada".

La acción del departamento autonómico "se guió en todo momento —desde la declaración del foco, el pasado 26 de noviembre— por los principios de responsabilidad y transparencia", resalta Medio Rural en un comunicado de prensa.

Con estas afirmaciones responde a la Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), cuya secretaria general, Ana Oróns, urgió, en rueda de prensa, "soluciones alternativas" para evitar la "paralización" de unas 40 empresas a las que atribuyen pérdidas diarias de 100.000 euros y sobre las que avisa del riesgo de "cierre".

Al respecto, la consellería asegura que "coincide con el sector en la necesidad de intensificar las medidas fitosanitarias de control del foco para hacer posible que, en determinadas condiciones, la actividad pueda mantenerse de la forma más favorable entre el 1 de abril y el mes de noviembre". "Tal y como ya señaló el propio conselleiro Samuel Juárez en el Parlamento el pasado día 8", añade.

En esta dirección, apunta que, al igual que expresó Fearmaga, "espera una decisión positiva por parte del comité fitosanitario de la Unión Europea", que se reunirá el próximo día 25 y precisa: "En el sentido de permitir estas excepciones".

"administración responsable"

Asevera, además, que "en ningún momento fue intervencionista, sino todo lo contrario" y reivindica "el esfuerzo hecho" para hacer "compatibles" los "legítimos" intereses económicos del sector con su obligación legal de garantizar "en todo momento" la sanidad vegetal.

Aclara que 33 euros por metro cúbico es "el precio mínimo" en las pujas públicas a través de las cuales la consellería vende la madera que taló la propia Administración, por delegación de los propietarios de parcelas afectadas.

Aún mas, añade que "atendió la petición de los interesados" al ampliar "hasta en dos ocasiones" —del 20 al 30 de enero y luego hasta el 4 de febrero— el plazo establecido legalmente para realizar los trabajos de corta de la madera.

En su comunicado, Medio Rural reitera que la Xunta "asume una parte muy importante del coste de la erradicación y control del brote", lo que supone unos 7 millones de euros y considera, sobre el sobrecoste de los tratamientos sanitarios "obligatorios por normativa comunitaria", que "una madera tratada va a tener siempre un valor añadido y un mejor precio en el mercado que la no tratada".

Por último, y acerca de las inspecciones que le corresponde realizar, subraya que, "como Administración responsable que es, hará todas cuantas sean precisas para garantizar la sanidad vegetal, algo que, en definitiva, redundará en el beneficio del propio sector".