El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, ha opinado que el Ejecutivo ha actuado "con prontitud" y "como había que hacerlo" a la hora de regular la asistencia sanitaria de los festejos taurinos populares.

Silva se ha pronunciado así en una comparecencia ante la Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior de las Cortes de Aragón, donde ha acudido a petición propia y del grupo parlamentario del Partido Popular, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y otra del Tribunal Supremo (TS) obligaran a la presencia de dos médicos, uno de ellos cirujano o traumatólogo, en los festejos taurinos populares.

El consejero ha señalado que este tipo de actividades deben realizarse con las "mejores garantías sanitarias", si bien ha indicado que lo que se exigía "es no conocer la realidad" de la Comunidad autónoma.

Así, por ejemplo, ha indicado que en el mes de agosto se pueden llegar a celebrar 200 festejos de estas características en la provincia de Zaragoza, muchos de ellos el mismo día, siendo el número de especialistas disponibles de once, mientras que en Huesca hay dos y en Teruel cuatro. A su entender, junto a la "imposibilidad material" de que hubiera esos profesionales, "no es preciso" que los haya.

Ante esta situación, además de recurrir la sentencia del TS, de septiembre de 2009, el Gobierno de Aragón aprobó un decreto en abril de 2010, "ante la ausencia de normativa autonómica" y por considerar que era "viable".

No obstante, "también fue anulado judicialmente, en noviembre de 2010, situación que no entendemos muy bien" y por eso ahora se ha planteado regular la cuestión a través de una modificación legislativa, que "inicialmente consideramos que no era necesaria".

"La mecánica que hemos seguido es la adecuada" y "creo que el Departamento ha gestionado bien y con cierta lógica" la cuestión, además de reunirse tanto con la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET) —que fue quien recurrió la normativa aragonesa fruto de lo cual tuvo lugar la sentencia del TSJA—, así como con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, "para encontrar una solución".

La mejor solución

Todo ellos "han aportado diferentes soluciones" y "nosotros hemos hablando con los servicios jurídicos y nos pareció que habíamos optado por la mejor solución y por eso se ha planteado el proyecto de ley después de los informes oportunos de los servicios jurídicos, de la secretaria general técnica del Departamento de Salud, de la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos y del Consejo Local", ha dicho Silva.

Así, el martes pasado el Consejo de Gobierno aprobó un anteproyecto de ley de modificación de la ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, que fija el equipo médico básico en los espectáculos taurinos y en los festejos taurinos populares.

Este anteproyecto ha sido enviado este lunes a las Cortes de Aragón con el objetivo de tramitarlo por lectura única y que puedan entrar en vigor antes de que concluya esta legislatura, en mayo.

De esta forma, ha argumentado el consejero, "el problema estará, seguramente, solucionado pronto, con el trabajo que se haga desde estas Cortes de Aragón". La citada modificación propone que en los festejos taurinos populares haya un médico y un enfermero y que, excepcionalmente, se pueda exigir un equipo médico con mayor número de profesionales sanitarios y medios de evacuación de posibles heridos.

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior ha asegurado que no han sufrido "presión" por esta cuestión, aunque sí ha señalado que "conocemos la inquietud que plantea en los distintos ayuntamientos" y la "sensibilidad y preocupación" que hay porque se celebran muchos festejos taurinos populares en Aragón.

A su entender, con la modificación legislativa planteada "se garantiza la asistencia médica y tendremos una norma autonómica, de la que en este momento carecemos, por las circunstancias que se han dado". Ha añadido que no han querido introducir otras reformas en la ley porque el objetivo es que llegara a las Cortes "de la forma más simple posible dada la urgencia de solucionar este tema". LENTITUD

La diputada del PP Yolanda Vallés ha criticado la "lentitud" del Departamento y ha preguntado al consejero "por qué no se llevó a cabo antes la modificación normativa legal" de forma que durante varios meses "no se hubiera visto entorpecida o afectada la celebración de estos festejos", ante un problema que se generó "hace 17 meses" y que ha tenido "en vilo" a ayuntamientos, vecinos, aficionados y ganaderos respecto a la "continuidad" de los mismos.

A su entender, el Departamento "no ha estado pendiente de las propuestas que se presentaban desde los diferentes ámbitos, aunque al final les ha hecho caso" y ha remarcado la "importancia" de estos festejos, especialmente en las provincias de Zaragoza y Teruel, celebrándose en el conjunto de la Comunidad autónoma unos 1.200 al año, que generan una "nada desdeñable actividad económica".

El diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Bernal, ha manifestado su "alegría" porque se haya dado "solución" al problema que se había generado y ha adelantado que su grupo apoyará la revisión de la ley que se ha planteado desde el Ejecutivo autonómico.

El portavoz del Partido Socialista, Manuel Lana, uno de los grupos que sostiene al Gobierno, ha considerado que "se ha actuado de acuerdo con los criterios técnicos y jurídicos convenientes para cada momento de este largo proceso".

Asimismo, ha mostrado la "disposición" de su grupo para "impulsar el citado proyecto de ley" y así "se concluya el complicado proceso judicial que tanta incertidumbre ha causado sobre la continuidad de una actividad popular ampliamente arraigada en nuestro territorio".

La diputada del Partido Aragonés, Ana de Salas, el otro grupo que apoya al Gobierno, ha estimado que desde el Ejecutivo "se ha intentado en todo momento dar una solución a los problemas jurídicos y reales que se planteaban", ante una "interpretación jurídica errónea, no acorde con la situación de la Comunidad autónoma" y también ha avanzado que apoyarán la aprobación del proyecto de ley de modificación.