La Consellería do Mar ha solicitado a la Secretaría General del Mar que todas las embarcaciones cuyo propietario presente solicitud puedan acogerse a la continuación del proceso de regularización que plantea el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), "incluidas las fuera de plazo".

Así se lo ha trasladado el director xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, Juan Maneiro, al director general de Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarias, en una reunión en la que el responsable de la Xunta ha expuesto al dirigente del ministerio las alegaciones de Galicia a la propuesta de regularización, que la secretaría general presentó el pasado 9 de febrero.

La apertura de un nuevo proceso por parte de la Administración central se debe a que, tras finalizar en octubre pasado el último, hubo un número sustancial de embarcaciones que no se regularizaron y, por tanto, quedaron fuera de la actividad. Galicia es la mayor afectada, puesto que es puerto base del 90 por ciento de los buques: un total de 2.440 barcos.

Así, la primera de las demandas de la Xunta tiene que ver con 200 barcos, según explica la consellería en un comunicado, "a las que la propuesta del MARM excluye", precisamente, por haberlo pedido "fuera de plazo". "Muchas de ellas —argumenta— porque fueron adquiridas una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes", por lo que el Gobierno gallego "entiende que se encuentran en una situación de inseguridad jurídica".

Una segunda alegación consiste en ampliar el periodo para aportar bajas, de los seis meses que propone el documento original de Medio Marino, a un año. Al respecto, la Xunta considera "que se debe tener en cuenta que estos casos son muchos, sobre todo en lo relativo a la potencia propulsora, ya que se estiman valores de 10.000 a 12.000 caballos de vapor (CV)", explica en la misma nota de prensa.

El director xeral instó, asimismo, a modificar la situación que se deriva del hecho de que el MARM permite, a las naves que aporten bajas en el tiempo establecido, continuar la actividad sin posibilidad de transmisión, acceso a ayudas públicas o darse de baja para nueva construcción. Por este motivo, "la última opción de estos barcos sería el despiece", advierte el departamento autonómico.

En consecuencia, el Ejecutivo gallego considera conveniente permitir la transmisión "por causa de invalidez permanente del propietario" y el aporte de bajas "fuera de plazo, pero perdiendo beneficios". "Una vez aportada la baja en estas condiciones, la embarcación estaría plenamente regularizada", destaca.

Estudio "en conjunto" de las alegaciones

Por su parte, fuentes del Ministerio de Medio Marino han señalado a Europa Press que, tras el encuentro de este lunes con el responsable de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, las alegaciones y propuestas de mejora se estudiarán "en conjunto", tanto las que aporten los gobiernos autonómicos como las de organizaciones representativas del sector.

El plazo que se fija el departamento para la resolución de las mismas "depende de la cantidad" de propuestas, han asegurado las mismas fuentes, que apuntan, sobre el caso concreto de la Xunta, que si la consellería consideró "satisfactorio" el documento de "líneas generales" que les desgranó Gandarias el pasado miércoles, cabía esperar que "en lugar de 200" diesen una cifra menor de notas.

La "voluntad" de Medio Marino es presentar la propuesta definitiva "pronto", han apostillado las fuentes de Medio Marino tras subrayar que el análisis "técnico" de las alegaciones "armonizará" las propuestas y atenderá "a las diferentes casuísticas" de cada región.