El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, Santiago Martínez Argüelles, ha destacado este lunes que de los 16 millones de euros en adjudicaciones de suministros y material de oficina del Ayuntamiento y las empresas públicas desde 2002, aproximadamente un 25 por ciento se facturó a Igrafo, Almacenes Pumarín (APSA) y Spazio Global, las dos primeras imputadas en la 'Operación Marea' y la tercera a cargo del hijo del ex concejal socialista Manuel Muruais.

Así lo ha apuntado en el Consistorio en la rueda de prensa posterior a la Comisión Extraordinaria de Hacienda convocada a petición del PP para que el Gobierno Local diera explicaciones de las contrataciones realizadas con estas tres empresas, así como con Geogal, propiedad del hijo del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, actualmente en prisión provisional por un supuesto caso de corrupción antes citado, y con CTC, filial de Almacenes Pumarín.

Argüelles ha concretado que entre 2002 y 2010, la suma total de los pagos realizados en material de oficina y mobiliario fue de 16.306.286,08 euros, de los que 2.245.090,13 euros fueron adjudicados a Almacenes Pumarín (13,77 % del total), 1.480.988,73 euros a Igrafo (9,08 %), y 478.943,43 euros a Spazio Equipamiento Global (2,94 %). Esto supone que el 74,24 por ciento se concedió a otras empresas proveedoras.

En lo que respecta solo al Ayuntamiento -sin empresas públicas— se facturó por el mismo concepto, entre 1999 y 2010, un total de 12.288.116,14 euros, de los 1.710.463,05 fueron de contratos adjudicados a Almacenes Pumarín (13,92 %), 1.149.408,82 euros a Igrafo (9,35 %) y 336.006,23 a Spazio Equipamiento Global, S.L.L. (2,73 %), mientras que el resto de proveedores se repartieron el 74 por ciento del montante de los contratos.

Este último porcentaje fue del 66.68 por ciento en el caso de la Fundación Municipal de Cultura, del 60,07 en el de la Fundación Municipal de Servicios Sociales; del 81,31 por ciento en el del Patronato Deportivo Municipal, del 63,36 por ciento en Emtusa, del 75,54 por ciento en Emulsa, del 89,89 por ciento en la EMA, del 84 por ciento en el teatro Jovellanos, del 80,1 por ciento en el Botánico, del 78,13 por ciento en el Centro Municipal de Empresas, del 72,84 por ciento en Emvisa y del 65,92 por ciento en la Sociedad Mixta de Turismo.

En lo que se refiere a CTC (Construcciones y Tratamientos de Conservación, S.L.L.), desde 2002 el Ayuntamiento y organismos municipales han realizado pagos a esta empresa por 536.159 euros, mientras que no figuran en la relación de terceros las empresas de Geogal ni de Implans Mount, esta última propiedad de la ex funcionaria Marta Renedo, imputada en la 'Operación Marea' y en prisión provisional.

Argüelles ha tildado de "vergüenza absoluta" la actitud del PP y ha indicado que en el acta de la comisión se les dará por escrito la información leída durante la Comisión Extraordinaria. En cuanto a los expedientes no foliados ni numerados, ha incidido en que el Ayuntamiento cuenta con un sistema de gestión electrónica de expedientes, que es "más fiable".

El edil ha recalcado que "no hay trampa ni cartón". Según él, el dinero de los contribuyentes "se gasta bien y con criterio", por mucho que otros "siembren" sospechas, ha dicho sobre el PP antes de añadir que cosa distintas es que "otros no quieran hacer su trabajo".

En este sentido, ha explicado que, pese a que la obligación de dar información se limita a los seis años anteriores, se ha hecho "un esfuerzo" para ir más allá de esa fecha. No obstante, ha aclarado que el sistema informatizado no comenzó en todos los organismos municipales al mismo tiempo.

También ha recordado que los procedimientos de transparencia del Ayuntamiento "no son nuevos", sino que llevan más de diez años. Principalmente, se hace a través de la página Web del Ayuntamiento, donde se plasma toda la información de forma detallada, tanto del Consistorio como de las empresas públicas.

Además, ha especificado que cuando se dice que se hacen contratos sin publicidad, quiere decir en medios oficiales. Pese a ello, el Consistorio lo publica en la Web. Argüelles ha criticado la "mala fe" del PP, al que ha acusado de no querer trabajar y de buscar simplemente "sembrar" dudas de un procedimiento transparente.

Sobre las contrataciones, ha señalado que las adjudicaciones se publican mensualmente y ha apuntado que se da publicidad en medios de comunicación y tablones de edictos de las Relaciones de Decretos de Alcaldía y Concejalías, donde figuran todos los contratos.

El edil ha incidido en que a estos datos acceden todos los ciudadanos, mientras que la oposición dispone además de la declaración anual que realiza el Ayuntamiento a la Agencia Tributaria donde aparece todo el listado de los pagos de servicios o suministros o los que recibieron subvenciones por encima de 3.000 euros. Según él, es una materia reservada y sometida a confidencialidad, que sirve para el control correspondiente de la oposición, aunque no están obligados a facilitarla. Es más, ha recordado que desde 2007, la oposición accedió a más de 2.100 expedientes.

A esto ha unido la normativa local 2/2009, que es más restrictiva que Ley contratos públicos, de cara a hacer estos más transparentes, además de que la intervención municipal también hace control previo al correspondiente pago y se remiten los expedientes a la Sindicatura de Cuentas. De hecho, en 2009 se sometió el Ayuntamiento a un informe específico por la Sindicatura.

Argüelles ha aclarado que el Gobierno Local no usa la homologación de proveedores del Principado, porque tienen necesidades distintas y un tamaño suficiente realizar licitaciones atractivas para proveedores. Y aunque se hacen contratos mayores para diferentes actuaciones, como equipamiento de dependencias públicas, hay un sistema de compras centralizado para los diferentes organismos municipales a fin de mejorar precio con licitaciones superiores a los 18.000 euros en determinas categorías, como es el suministro de material de oficina.

Por este método, se realizaron desde 2003 un total de 134 licitaciones para suministros, mientras que desde 2007 fueron 73 las licitaciones con 104 proveedores adjudicatarios y una vigencia de contratos de uno o dos años de máximo. En el caso de contratos menores, sólo requieren la aprobación del gasto y la factura correspondiente. Estos no pueden superar el año y no es posible una revisión de precio.