Las defensas de los acusados por la operación inmobiliaria Crucero Banús, dentro del caso 'Malaya, y las acusaciones tienen previsto exponer este lunes un resumen o informe de prueba sobre dicha operación solicitado por el Tribunal para concluir el primer bloque del juicio, que comenzó el pasado 13 de diciembre con la declaración de los procesados y en el que han comparecido una veintena de testigos y peritos.

Tras esto, la Sala encargada de enjuiciar el caso 'Malaya' hará una deliberación no definitiva y de carácter interno de cara a la sentencia que se dictará al final del juicio. A partir del día 21, comenzará un nuevo bloque, también dedicado al blanqueo de capitales, con 31 acusados, entre ellos el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y supuestos testaferros de éste como los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla u Óscar Benavente.

El Tribunal ya pidió a los dos peritos de la Agencia Tributaria y al experto en Economía propuesto por una de las defensas, que comparecieron en la vista oral, que hicieran un resumen económico motivado y argumentado, en el que se detallara las conclusiones obtenidas tras lo expuesto en el interrogatorio, haciendo hincapié en las cuestiones controvertidas y en los aspectos consensuados entre los tres peritos.

En el bloque sobre Crucero Banús, se ha analizado esta operación por la que, según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, para revenderla "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

El precio de la operación, que se desarrolló con una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, fue de 4,3 millones de euros y el perjuicio para el Ayuntamiento de casi cinco millones de euros, mientras que los acusados lograron, según la acusación, un beneficio de más de seis millones. La venta se hace a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado en este bloque, junto al exalcalde Julián Muñoz y el tasador José Mora.

A lo largo de las sesiones, el fiscal Anticorrupción explicó que en esta operación se acusa por blanqueo de capitales "sólo" en función de la inversión realizada por el presunto cerebro de la trama de corrupción "con sus fondos que estimamos son de procedencia delictiva" y cifró el blanqueo imputable a éste en este negocio en 1,6 millones de euros.

Acusados y policías

Los acusados reconocieron que participaron en esta operación y que obtuvieron beneficios, pero aseguraron que existía un convenio anterior que registraba los mismos parámetros para construir sobre la parcela y que estas características urbanísticas fueron establecidas por el entonces alcalde Jesús Gil.

De hecho, Roca negó que mandara en el servicio de Disciplina Urbanística ni influyera en los funcionarios del Ayuntamiento. Relató cómo comenzó a trabajar para el Consistorio, cifrando en seis millones de euros el patrimonio que tenía antes de ser director del Plan General. Ha lamentado que "las acusaciones se han dejado llevar por la espiral de frases acumulativas que la Policía hace en sus atestados de que todo el patrimonio de Juan Antonio Roca tiene origen delictivo, incluso el que me regalaron en la primera comunión".

Por su parte, el exalcalde Julián Muñoz sostuvo que en la ciudad "no se daba un paso" sin que lo autorizara Gil, en quien tenía "confianza plena" y del que "seguía instrucciones" a la hora de firmar los convenios. "He firmado prácticamente en todos los sitios, en el Club Financiero, en el Ayuntamiento, en el capó de los coches y lógicamente algún convenio habré firmado en Planeamiento", aseguró, indicando que "estaba convencido de que eran legales".

Los dos inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aseguraron que se desplegaron "mecanismos de ocultación" para la operación, en la que la posición de Roca "aseguraba el éxito". Los agentes de la Udyco Costa del Sol dijeron que éste fue incorporado al negocio "porque no hay mejor manera de asegurar la viabilidad del proyecto que tener incorporado en el accionariado y, por tanto, beneficiario directo, a quien tiene en su poder acordar y determinar las resoluciones municipales".

Asimismo, un funcionario de la Agencia Tributaria que intervino en la investigación señaló que la aportación de Roca en la operación Crucero Banús "no estaba legitimada", considerando que los 91 millones de las antiguas pesetas, es decir, 546.921,01 euros, que éste supuestamente invirtió "presuntamente son ilícitos". Sobre Román, dijo que "cobró 400 millones de pesetas no declarados a la Hacienda Pública", de los que "hay una parte que le corresponde a todos los españoles".

También se refirió a Hoffman y manifestó que "en abril de 2002, antes de liquidar el negocio, el señor Roca fue detenido" por un procedimiento en la Audiencia Nacional y se preguntó por qué éste "no comunicó que tenía un negocio con este señor, no pudo levantar el brazo y decir al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) que había hecho un negocio un tanto extraño, que había pagado con fondos que no tenía declarado en España".

El perito afirmó que la sociedad suiza Lispag, con la que se desarrolló la operación inmobiliaria Crucero Banús, se utilizó con "fines de interposición" para ocultar que "uno de los socios que está contratando con el Ayuntamiento es un empleado municipal", en referencia al presunto cerebro de la trama de corrupción, y así eludir "una prohibición legal". TESTIGOS

Entre los testigos más esperados estaba el jefe de servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella (Málaga), Jorge González, cuyo testimonio en otro procedimiento propició el inicio de la investigación del caso 'Malaya', quien aseguró que el propósito del Consistorio era conceder las licencias "de forma lo más arbitraria posible", por lo que ha dicho era "una situación buscada de propósito de anomia" o ausencia de ley.

En este sentido, González indicó que se hacía de manera que "no existiese ningún tipo de norma". Ha puesto como ejemplo que en una comisión de gobierno se concedían licencias "con el Plan General del 86 para viviendas unifamiliares, en otro punto del orden del día conforme a la revisión un poblado mediterráneo y a continuación, otra que se ajusta a una carta del equipo redactor". "Tampoco había un criterio para darlas con una u otra normativa", ha señalado

Asimismo, aseguró que los convenios urbanísticos que se realizaban "nunca se tramitaron por el cauce normal" del servicio en el que él trabajaba. En relación con los precintos de las obras, apuntó que era "muy dificultoso" que llegara a llevarse a cabo alguno, sobre todo en obras de "gran entidad" y "con las infracciones más groseras", que eran las que no se precintaban, frente a las más pequeñas que eran las que sí hacía.

También declararon abogadas colaboradoras de Roca en la sociedad Planeamiento 2000, quienes aseguraron que éste era el que negociaba los convenios urbanísticos y tomaba las decisiones, no sólo en la entidad, sino también en el Área de Urbanismo, aseverando que Roca "tenía autoridad suficiente para impartir órdenes en muchas áreas" del Consistorio marbellí.

Por contra, el interventor del Ayuntamiento, Juan Antonio Castro, dijo que el Consistorio "no ha sufrido perjuicio" con el convenio urbanístico porque "no ha habido edificación de ninguna clase". Añadió que las valoraciones de convenios que realizaba el Consistorio marbellí venían hechas "siempre por técnicos privados" y que nunca era elaborados por técnicos municipales, a pesar de que eso era una petición suya desde 1997.