La Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía ha alertado de la existencia de empresas que se dedican a realizar inspecciones de gas butano de forma irregular. Así, se ha detectado un aumento de reclamaciones presentadas por ciudadanos.

Según las denuncias de los usuarios, los operarios de las empresas acuden a las viviendas, en algunas ocasiones sin previo aviso, para realizar la revisión de la instalación. Entonces, convencen al cliente, lo intimidan ante un inminente corte de suministro si se niegan a pasar la revisión y, después, le detallan una serie de anomalías que dicen arreglar en el momento y por las que presentan presupuestos de entre 200 y 300 euros que deben abonar en ese instante.

No obstante, desde la Junta han informado en un comunicado de que hay casos en los que se han alcanzado los 500 euros. Además, en muchos de los casos el personal de la empresa convence a los usuarios a suscribir un contrato de mantenimiento de la instalación, asegurándoles que les cubrirá si aparece algún fallo en el plazo de cinco años. Este contrato "en ningún caso" es obligatorio, han precisado desde el Ejecutivo andaluz.

La delegada provincial de Economía, Innovación y Cienca, Pilar Serrano, ha informado de que las denuncias presentadas proceden, en su mayoría, de vecinos que residen en la capital y en los municipios malagueños de Nerja y Marbella. Además, los afectados son, principalmente, personas mayores y extranjeros.

La empresa se elige libremente

Ante estos hechos la Delegación ha recordado que estas instalaciones deben pasar una revisión obligatoria cada cinco años y debe ser el propio usuario el que se ponga en contacto con la empresa que haya elegido libremente para la supervisión.

Una vez que se avise a la compañía un instalador deberá acudir y, en el caso de que existan anomalías, emitir un informe. El ciudadano tendrá un plazo de corrección de tres meses y será él mismo quien decida qué empresa repara los fallos detectados.

En este sentido, se aconseja que no se firme ningún presupuesto ni factura hasta que no le hayan emitido un informe de anomalías y se recuerda que en caso de que el personal amenace con cortar el suministro esto sólo se realizará si es un fallo principal, es decir, aquel que pueda generar riesgos.

La Delegación de Economía cuenta con un listado de empresas instaladoras habilitadas que pueden solicitar todos los usuarios y en ella se incluyen a los instaladores. Los ciudadanos pueden obtener más información en la sede de la institución, en calle Bodegueros, 21 o en el correo electrónico dpma.cice@juntadeandalucia.es.