La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha considerado la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda aprobada en las Cortes regionales como el mejor ejemplo de "que éste es un Gobierno que se compromete y un Gobierno que cumple".

Según Rodríguez, este nuevo texto legislativo fue uno de los principales compromisos del presidente regional, José María Barreda, que "además culmina todo un proceso de políticas de vivienda que se han venido desarrollando a lo largo de esta legislatura", ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante la visita que ha realizado a la Oficina regional de Vivienda de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), la portavoz ha enumerado algunos de los "hitos" conseguidos en materia de vivienda que han posicionado a la región "entre los primeros puestos en cuanto a políticas en materia de vivienda".

Así, como antecedente a esta ley ha recordado la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio Urbano (LOTAU) o el Plan de Vivienda. Además, ha dicho que el Gobierno regional apuesta "por la promoción pública de viviendas, por ayudas también para el alquiler pensando fundamentalmente en las personas más jóvenes" y con la creación de unas Oficinas de Vivienda, ocho en todo el territorio regional, que, ha dicho, ofrecen un servicio "muy importante" a aquellas personas que están demandando un vivienda en Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha asegurado que han sido 48.000 personas las que han llegado a estar inscritas en estas Oficinas que gestionan el Registro de Demandantes de Vivienda y que hoy "apenas" llegan a 30.000 personas. "Por tanto al menos ya hemos dado respuesta en este tiempo de tramitación a 18.000 personas", ha apuntado.

El resto de inscritos ya podrán acceder por Ley a una vivienda con la garantía, ha explicado Isabel Rodríguez, de que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a facilitarles el acceso de a una casa en menos de un año.

Pago de la diferencia

Si no pudiera entregarse dicha vivienda, ha apostillado, la administración estaría obligada a pagarle, a través de ayudas públicas, la diferencia entre lo que les costaría mes a mes la hipoteca de su vivienda de protección pública y lo que les cuesta el alquiler del piso donde, de momento, esperarían dicha vivienda.

Rodríguez ha señalado que de esta forma la Junta está "dando respuesta a muchos jóvenes pero también nos estamos convirtiendo en la primera comunidad autónoma de nuestro país que va a dar respuesta a uno de esos compromisos que también en su articulado la propia Constitución Española".

En cuanto a los requisitos para acogerse a la Ley, Rodríguez ha indicado que hay tener más de 22 años, tener unos ingresos de 2,5 IPREM y llevar más de tres años viviendo en Castilla-La Mancha.