El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha llegado a los juzgados de la Vía Alemania de Palma a las 9.35 horas para prestar declaración en calidad de imputado dentro de una pieza separada del caso Palma Arena, por haber sido presuntamente favorecido de forma ilegal por el anterior Govern del PP al serle adjudicada la elaboración del anteproyecto de la Ópera en Palma, por el que cobró 1,2 millones de euros.

Calatrava ha llegado en taxi al juzgado acompañado de su abogado, Francisco de Vega, y no ha hecho declaraciones. Tampoco se prevé que haga al término de su comparecencia ante el juez José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3.

Asimismo, minutos antes de la llegada del arquitecto al juzgado, de otro vehículo se han apeado frente al juzgado tres abogados, entre los que se encontraba el letrado José Zaforteza, y uno de los cuales sostenía un proyector, con el que se prevé que, en el transcurso de la declaración, se proyecten imágenes del proyecto arquitectónico de Calatrava.

Cabe recordar que el arquitecto ha negado públicamente los cargos que se le imputan, entre ellos el supuesto pago de comisiones por recibir el encargo por parte del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, el juez considera que de las investigaciones practicadas hasta el momento "racionalmente se desprende que Calatrava pudiera haber resultado ilícitamente favorecido" como administrador de la mercantil Santiago Calatrava AG por la adjudicación de este proyecto.

Sin embargo, en un escrito remitido a través de su abogado el arquitecto recuerda que fue Matas quien solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell, que culminase con el levantamiento de un teatro de la Ópera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como Calatrava y su equipo.

Cabe recordar que el anteproyecto de la ópera de Palma, que costó un total de 1,2 millones de euros al Ejecutivo balear, no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.