La dirección del Grupo Ros Casares ha alcanzado un acuerdo con la representación social para sustituir el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de contratos por uno temporal de suspensión por un plazo de 180 días para recolocar a los 15 trabajadores afectados en otros centros de la compañía, acompañado de unas primas para compensar las pérdidas adquisitivas que sufrirán.

Según ha informado a Europa Press el delegado de personal de CGT en el centro de Puzol (Valencia), Alberto García, el acuerdo adoptado el pasado 2 de febrero permitirá evitar siete despidos en la división de Puzol, de ferralla, otros siete en el centro de suministros de Xirivella y uno más en el de comercio metal de Almussafes.

Inicialmente, la empresa había ofrecido a esos 15 afectados una indemnización de 20 días por año trabajado.

García ha explicado que el "argumento para forzar esas recolocaciones" fue la denuncia que interpuso el 17 de enero ante la inspección de trabajo por las 1.634 horas extraordinarias contabilizadas entre 2009 y 2010, retribuidas como prima de producción en el recibo de salarios, después de que la compañía presentara un ERE de extinción "por causas productivas".

Según ha detallado, el delegado de CGT documentó esas horas extra a través de unas cuartillas que los trabajadores rellenan mes a mes y en las que quedan recogidas todas las jornadas de trabajo.

En diciembre de 2010, la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que había presentado un ERE de extinción por causas productivas que afectaba a 16 trabajadores porque había sufrido pérdidas en algunos centros de trabajo durante 2009 y 2010.

Según las mismas fuentes, en la primera reunión celebrada el 10 de enero, García solicitó copias básicas de los cuatro contratos celebrados entre 2009 y 2010, periodo en el que no se produjo ningún despido, así como el registro de las horas extraordinarias realizadas esos años, pero "la compañía no facilitó la documentación referida".

Un día después, el 11 de enero, dirección y sindicatos celebraron una reunión con la inspectora de trabajo, en la que el delegado de CGT denunció esas 1.634 horas extra realizadas en 2009 y 2010 mientras que el director de Recursos Humanos "únicamente dijo que no tenía constancia de que se hubieran realizado horas extraordinarias".

García ha relatado que, ante esas afirmaciones del responsable de la firma, presentó una demanda que interpuso ante la inspección de trabajo en 2009 por violación de las doce horas de descanso entre jornadas debido al volumen de horas extra y otra enviada por escrito a la empresa por el mismo motivo en agosto de 2010.