El comité de empresa de la entidad mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido (Almería), ha mostrado este jueves su "incertidumbre" ante una posible "vuelta a la situación anterior" al rescate de los servicios municipales por parte del Ayuntamiento de El Ejido después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 resolviera dictar una medida cautelarísima de suspensión con respecto al Decreto de Alcaldía por el Consistorio ejidense, gobernado por el PAL que lidera Juan Enciso, que acordaba el secuestro temporal de la gestión de los servicios públicos desde el día 19 de enero.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Abraham Martín, ha calificado esta medida como un "jarro de agua fría" para los trabajadores de la plantilla, de forma que ha expresado sus dudas sobre las condiciones que se darían si los servicios dependieran de nuevo de la parte privada de la entidad, ya que durante la última etapa bajo esta gerencia los empleados protagonizaron una huelga de hambre, una huelga general y varias protestas.

"La relación entre los trabajadores y la empresa es ahora mejor", ha manifestado Martín en relación al Ayuntamiento de El Ejido con quien, a través del interventor técnico municipal nombrado por el equipo de gobierno, se fijó una hoja de pagos con la que se garantizaban los sueldos y se hacía una propuesta de pago de lo salarios atrasados; un calendario que hasta ahora "se ha cumplido".

En este sentido, Martín advierte que el acuerdo con la plantilla de casi 400 empleados "se tomó con la dirección de Elsur" aunque ésta tuviera al frente a "otra persona", por lo que desconoce cómo quedaría la situación laboral del colectivo en el caso de que 'Agua y Gestión' volviera a estar al frente de la compañía.

El auto de este jueves emplaza a las partes, la recurrente y propietaria del 70 por ciento del accionariado de Elsur, la mercantil 'Agua y Gestión' y el Consistorio ejidense, titular del otro 30 por ciento del accionariado, a una vista fijada para el próximo día 14 de febrero, tras la que el magistrado adoptará una decisión definitiva con respecto al fondo del objeto de litigio.