Plataformas y sindicatos "entierran" a la función pública el día 16 coincidiendo con el debate parlamentario del decreto

Plataformas y sindicatos de empleados públicos se concentrarán el 16 de febrero ante las puertas del Parlamento andaluz en Sevilla, coincidiendo con el día del debate del decreto ley de reordenación del sector público en pleno de la Cámara, en una jornada en la que se escenificará el "entierro" de la función pública, con velas y personas vestidas de negro, y donde, de forma simultánea, se celebrarán concentraciones en todas las capitales de provincia en contra de este decreto ley.

Plataformas y sindicatos de empleados públicos se concentrarán el 16 de febrero ante las puertas del Parlamento andaluz en Sevilla, coincidiendo con el día del debate del decreto ley de reordenación del sector público en pleno de la Cámara, en una jornada en la que se escenificará el "entierro" de la función pública, con velas y personas vestidas de negro, y donde, de forma simultánea, se celebrarán concentraciones en todas las capitales de provincia en contra de este decreto ley.

Estas movilizaciones, que se prevén "masivas", fueron anunciadas este jueves por los sindicatos CSIF-A, CGT-A, SAT, Ustea, USO, asociación sindical Piensa-Volens, Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Asociación El Tercer Lado y Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía y en ellas se hace "una defensa del empleado público y se pide la derogación del decreto ley de reordenación".

Junto a esta concentración-manifestación por la retirada del decreto ley de reordenación del sector público, que se celebrará el día 16 en Sevilla y en todas las capitales andaluzas durante la votación de las enmiendas presentadas al decreto ley 6/2010, este fin de semana, en concreto el 12 de febrero, tienen previsto estos colectivos manifestaciones en varias provincias andaluzas, entre ellas Málaga, Cádiz, Jaén, Huelva y Almería, mientras que en el resto —entre ellas Sevilla— no está prevista ninguna acción.

La presidenta del sector autonómico de CSIF-A, Alicia Martos, ha explicado a Europa Press que la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla ha emitido una resolución por la que se autoriza la concentración del día 16, pero donde se prohíbe la ocupación de la vía pública en la concentración ante las puertas del Parlamento, así como el uso de aparatos e instrumentos que produzcan ruido, como bocinas o pitos.

En ese sentido, Martos ha anunciado que este sindicato ha presentado un recurso ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla contra esta resolución de la Subdelegación del Gobierno, ya que "coarta la libertad de expresión y el derecho constitucional de manifestación".

Martos ha lamentado "la doble vara de medir y el doble rasero" del Gobierno a la hora de autorizar movilizaciones, ya que "en las concentraciones convocadas por UGT y CCOO, todo fueron facilidades para que se manifestaran, cuando nos consta que no tenían todos los permisos y encima fueron recibidos por los delegados de Gobernación de la Junta".

Explicó que la autorización del organismo competente "es un intento para que nos callemos, pues nos autorizan a concentrarnos en la vía más alejada al Parlamento de la calle San Juan de Ribera de Sevilla, que tiene cuatro carriles y una mediana, permitiendo el tráfico rodado en los dos más cercanos a la sede del Parlamento, con los riesgos de seguridad que ello conlleva".

"Pedimos un ejercicio de responsabilidad y por eso hemos recurrido la autorización. Esperemos que la resolución llegue cuanto antes y que sea favorable a los intereses de todos los ciudadanos", ha agregado Martos, quien ha dejado claro que los manifestantes "no vamos a invadir el Parlamento, pero sí exigimos que se nos autorice a ocupar la vía publica, por mera seguridad de los ciudadanos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Asimismo, ha dejado claro que estos colectivos "siempre han dado ejemplo de civismo en las concentraciones" y ha agregado sobre la prohibición de hacer ruido, que "haremos todo el ruido que sea conveniente".

Además del recurso de CSIF, Ustea también tiene previsto presentar un recurso por el mismo motivo, según ha agregado a Europa Press la responsable de Acción Sindical de este sindicato, Rocío Luna. El resto de formaciones convocantes también rechazan la resolución de la Subdelegación.

Asimismo, la responsable del sector autonómico de CSIF-A respondió a las declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, que calificó a los convocantes de "inmovilistas" y los acusó de no haber presentado propuestas para la reforma del sector público, frente a lo que Martos considera que el "único inmóvil es el Gobierno andaluz y el Grupo Socialista, que no escucha a los empleados públicos, sólo a sus amigos; se le llenaba la boca diciendo que buscaría consenso y sólo escucha a los suyos, a pesar de que hemos propuesto varias cosas; y ha rechazado todas las enmiendas del PP y 72 rechazadas de IU".

"Jiménez quiere contaminar nuestras manifestaciones y concentraciones pacíficas", se ha lamentado.

Por último, aseguró que "los únicos que hacen gimnasia electoral son los miembros del Gobierno; esa no es nuestra guerra, pues nosotros damos ejemplo de civismo poniéndonos de acuerdo más de nueve colectivos y podrían aprender porque así es como se lucha por un sector público eficaz, justo, profesional y digno".

Huelga general y fondo de reptiles

Tanto CSIF como el resto de intervinientes han asegurado que seguirán con las actuales y nuevas medidas judiciales —oponiéndose a los reglamentos de las nuevas agencias— así como con nuevas movilizaciones más allá del 16 de febrero, sin descartar la huelga general, aunque, según ha indicado Martos, "eso será algo que nos tendrán que pedir los propios empleados públicos, si los funcionarios quieren huelga general, la convocaremos".

Martos hizo mención expresa a la polémica suscitada en torno al llamado 'fondo de reptiles', sobre lo que la líder sindical apuntó que "este fondo se ha gestionado a través de una agencia privada, pero si hubieran estado detrás empleados públicos supervisando y fiscalizando las subvenciones, probablemente todo este escándalo no se hubiera producido".

Por su parte, la portavoz de Ustea Rocío Luna comparte la necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público y la reducción del déficit de las administraciones públicas, "pero con responsabilidad y negociación en los marcos respectivos y por los representantes legitimados para ello".

Luna considera "urgente e imprescindible" la reforma de la Administración pública andaluza, a través de la elaboración de un proyecto de Ley "para adaptarla a los principios y postulados del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante una adaptación legal que en nuestra comunidad está pendiente".

Asimismo, ve necesario "acometer la reordenación del sector público andaluz, conformado por un número indeterminado de agencias, empresas, institutos, fundaciones, cuyas funciones suponen, en muchos casos, duplicidad irregular de las que tienen encomendadas legalmente los órganos administrativos y personal a su servicio, provocando un efecto gravoso para las arcas públicas y lesivo para las garantías de los ciudadanos y para los derechos laborales de empleados públicos".

No obstante, lamenta que la reforma emprendida por la Junta "contempla que las potestades, funciones y derechos de los empleados públicos se ejercitarán en el marco de dependencia funcional de una agencia pública empresarial, que determinará el grado de objetividad en el ejercicio de las funciones y limitará el derecho de acceso,

promoción y carrera profesional".

Asimismo, lamenta que "los estatutos, los protocolos de integración y el plan inicial de actuación se negociarán en el ámbito de la Mesa General del Empleado Público, por lo que desconocemos si intenta crear o reconvertir las mesas de negociación actuales y además traslada al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales el hecho de acordar la estructura de negociación colectiva del sector público".

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