Los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical han señalado que el preacuerdo alcanzado por la Administración regional y los otros seis sindicatos que integran la mesa de negociación sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, carecería de "validez jurídica" de llevarse a efecto porque los firmantes "no alcanzan el 44 por ciento de la representatividad de todos los empleados públicos".

Al respecto, han reprochado el preacuerdo alcanzado entre la Administración con CSI-F, SATSE, ANPE, SAE, SIDI y Sindicato Médico, quienes han de refrendar esta decisión en sus órganos internos. No obstante, han adelantado que estas organizaciones "constituyen una minoría sindical" y el Ejecutivo regional "ha de alcanzar el acuerdo con la mayoría" para poder aprobar la modificación en el Consejo de Gobierno".

En este sentido, los tres sindicatos, que poseen entre ellos el 56 por ciento del total de la representatividad, se han reunido esta mañana en Comité de Crisis para decidir las medidas a realizar que, de momento, pasan por la continuación del calendario de movilizaciones y la celebración esta tarde de una nueva manifestación en Murcia, aunque no excluyen ninguna posibilidad, como la realización de una huelga general de la función pública.

Así lo han hecho saber en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO de la Región de Murcia, Daniel Bueno, de UGT de la Región, Antonio Jiménez, y el secretario regional de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, quienes este jueves decidieron rechazar la última propuesta del Gobierno regional por considerar que "daña las condiciones de los empleados y los servicios públicos, al tiempo que supone el despido de trabajadores".

En concreto, estiman que la aplicación de la Ley "supondrá la desaparición de 2.200 empleos de forma inmediata y a medio plazo", lo que va a suponer una repercusión "desfavorable sobre la tasa de desempleo regional, que va a aumentar algo más de dos puntos, pasando de una tasa actual del 25 por ciento a una tasa incrementada del 27 por ciento, muy previsiblemente".

La última propuesta planteada por la Administración contemplaba la rebaja a la mitad de los recortes salariales, la vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, la jornada laboral de 36 horas y media, la eliminación de la rebaja salarial en caso de incapacidad laboral transitoria, aunque con supervisión externa por parte de mutuas, y la disminución al 50 por ciento de algunas de las ayudas contempladas en el Plan de Acción Social.

((

Habrá ampliación))