Se llaman 'swaps' y son otro motivo para la polémica en el debate inmobiliario e hipotecario en mitad de la crisis económica y del sector. Un 'swap' es un producto bancario asociado a un crédito hipotecario. Según los bancos, están pensados para protegerles de las oscilaciones del Euribor. Los usuarios no lo ven así. Especialmente porque muchas veces el ruido de la hipoteca impide ver el bosque y saber claramente qué se ha firmado. Las sentencias judiciales contra los 'swaps' de los bancos comienzan a acumularse.

La última ha sido la del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tudela (Navarra), que ha dictado la primera sentencia contra La Caixa por la venta a tres particulares de un seguro contra la subida de los intereses hipotecarios ('swap').

La sentencia declara nulos los contratos y condena a la entidad a devolver un total de 17.611 euros más los intereses por las cantidades que los clientes han tenido que pagar por la bajada de los tipos de interés. La entidad ha anunciado que recurrirá el fallo.

Una vez más un juez considera que las entidades bancarias abusan de la buena fe del cliente, al que le pierde una jerga incompresible y mucha letra pequeña.

En el caso de Tudela, el juez considera que la información dada a los clientes incluye una terminología "engañosa y farragosa", "tras la que se esconde la verdadera naturaleza del 'swap'" y en la que, de manera "velada, vaga, abstracta, residual y contradictoria", se establece la posibilidad de un riesgo económico para el cliente.

Esta primera sentencia dictada contra La Caixa por la venta de 'swaps' llega después de más de un centenar de sentencias emitidas contra otras entidades financieras. Esto se produce porque, en la mayoría de los casos, la entidad catalana ha optado por negociaciones y acuerdos extrajudiciales con sus clientes.

Esta misma semana se ha sabido que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barcelona declaró nulos dos 'swaps' vendidos por el Banco Santander a una pareja de jubilados para cubrir una hipoteca de 500.000 euros a 15 años.

La juez estima íntegramente la demanda presentada por los clientes al concluir que el banco "incumplió" su obligación de "informar de forma clara y concreta" a sus clientes.

La sentencia declara la nulidad de los contratos obligando a ambas partes a devolver las liquidaciones practicadas con los intereses legales correspondientes. Los clientes tendrán que devolver al banco los 5.118 euros cobrados cuando los tipos de interés estaban altos y el Banco Santander pagará a los demandantes los 25.541 euros que recibió por la bajada de los tipos de interés.

La sentencia concluye que la entidad no cumplió con su obligación de informar "de forma clara y concreta" a sus clientes, ya que "creyeron estar contratando algo distinto a lo que verdaderamente suscribieron" y que, además, carecían del perfil "personal y financiero" adecuado. Considera que el texto de los contratos firmados es "farragoso y de difícil comprensión", una complejidad que "no es salvable por la mera lectura". La entidad defendía que los clientes firmaron los contratos sin leerlos.