El Tribunal de Cuentas señala que gestión municipal del Ayuntamiento de Sigüenza en 2006 y 2007 se ha caracterizado por la "ausencia de reglamentos, relaciones de puestos de trabajo o procedimientos escritos que determinaran la organización, distribución de competencias y funciones del Ayuntamiento".

El Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Sigüenza durante ejercicios 2006 y 2007, años en los que gobernaba el actual alcalde, el socialista Francisco Domingo Calvo, fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 27 de enero de 2011 y ahora ha sido remitido a las Cortes Generales.

En general, agrega el informe al que ha tenido acceso Europa Press, los medios personales dispuestos para la gestión administrativa "no fueron adecuados" y el archivo y custodia de la documentación "deficientes, lo que repercutió en un débil control interno de la gestión".

Los expedientes no están formados por la agregación sucesiva de los documentos tramitados, no estando completos, lo que ha afectado al alcance de la fiscalización especialmente en las áreas de gestión de ingresos tributarios, subvenciones recibidas, personal y contratación, añade.

Sin presupuestos a tiempo

Asimismo, apunta que el alcalde ha incumplido la obligación de presentar los presupuestos para su aprobación por el Pleno antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debía aplicarse, produciéndose de forma automática la prórroga del último presupuesto aprobado lo que, tanto por exigencia legal como para una ordenada gestión municipal, "no debiera haber sido sino un práctica excepcional y transitoria".

En este sentido, indica que el presupuesto de 2006 "no cumplía con el principio de estabilidad presupuestaria" y el presupuesto de 2007, aunque nominalmente cumplía con este principio, "no presentaba una efectiva nivelación entre gastos e ingresos, habiéndose consignado algunas previsiones de ingresos en cuantías muy superiores a las posibilidades reales".

Además, se adoptaron decisiones de gasto "sin tener en consideración la condición limitativa del crédito presupuestario", lo que derivó en la existencia de obligaciones imposibles de atender en el año por estar agotadas las posibilidades del presupuesto en vigor.

Las cuentas generales de 2006 y 2007 se aprobaron por el Pleno de la Corporación mayo y junio de 2009, respectivamente, con retrasos de veinte y nueve meses respecto del plazo establecido y fueron rendidas en agosto de 2009. "La demora en la aprobación de las cuentas supone una debilidad de control interno, ya que impide conocer la situación económico-financiera actualizada de la Entidad y retrasa la adopción de las medidas exigidas legalmente para corregir las situaciones de déficit", se agrega en el documento. Además, la gestión y el control de los ingresos presenta "numerosas anomalías e irregularidades".

Contratación de personal sin proceso de selección

El informe señala igualmente que el ayuntamiento no tiene elaborada una relación de puestos de trabajo y las contrataciones de personal durante los ejercicios 2006 y 2007 se realizaron sin que previamente se hubieran aprobado sendas ofertas de empleo público. El Ayuntamiento tampoco respetó la limitación de incremento para 2007 de las retribuciones del personal al servicio del sector público del 2% establecida la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, habiéndose aumentado las retribuciones al menos en un 12%.

La contratación de personal con duración determinada por obra o servicio determinado no estaba sustentada con informes o estudios y la mayoría de este personal ha desempeñado trabajos de tipo general y estable y han sido objeto de renovaciones o prórrogas posteriores superando los límites legales, lo que de hecho ha supuesto una vinculación a la Administración Pública de forma indefinida sin haber superado ningún proceso selectivo.

En cuanto a la contratación administrativa, el Tribunal de Cuentas afirma que los proyectos de "gran parte" de los contratos de obras, que no han sido objeto de supervisión, adolecen de deficiencias en su redacción que han motivado retrasos en las obras o modificaciones que han aumentado su importe final, siendo particularmente relevante el caso de la construcción del Centro de día.

Además, el estudio indica que en la ejecución de gran parte de las obras se han producido retrasos considerables respecto de los plazos originalmente previstos e irregularidades en su justificación, tramitación o aprobación.

El Ayuntamiento, para eludir tener que realizar reintegros a las entidades otorgantes de subvenciones o dejar de percibir una parte, ha justificado gastos hasta el límite concedido (generalmente el precio de licitación) y no en función de los que inicialmente estuviesen previstos.

Gestión urbanística

En cuanto a la gestión urbanística, el Ayuntamiento no solicitó la autorización preceptiva del órgano competente de la Comunidad ni se realizó un informe técnico previo de valoración de los terrenos en la enajenación de ochenta y ocho parcelas para la construcción de viviendas de precio tasado a cambio de la urbanización del sector.

Asimismo, en el desarrollo del polígono Los Llanillos mediante Programa de Actuación Urbanizadora, el Ayuntamiento permutó con el agente urbanizador el 10% del aprovechamiento a cambio de una nave industrial y un terreno rústico con un perjuicio a los intereses municipales de 458.381 euros de acuerdo con la valoración del arquitecto municipal, siempre según el informe.

El terreno rústico, además, no cumple los requisitos para ser destinado a las finalidades de los Patrimonios Públicos de Suelo. Se han producido retrasos en las obras de urbanización del polígono que han motivado que aún no se hayan podido instalar empresas en el mismo, añade el informe. RECOMENDACIONES

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ayuntamiento tomar medidas para "reequilibrar la situación financiera en el menor tiempo posible" y que su actividad económico-financiera se sometan a los controles legalmente previstos que garanticen el cumplimiento de la legalidad en el manejo de los recursos municipales.

También le aconseja evitar la prórroga de presupuestos ante la falta de planificación que ello implica, evitar que los gestores municipales adopten decisiones de gastos sin disponer de crédito presupuestario, y que se disuelvan los organismos autónomos, "ya que no han tenido ningún tipo de actividad".

Se pide asimismo que la contabilidad se lleve al día, que exista un inventario de bienes, que se apruebe una relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento y que se garantice "la selección objetiva del personal apoyada en principios de mérito y capacidad".

El consistorio también debe ajustar la contratación administrativa a los principios de publicidad y concurrencia, definir correctamente las necesidades a cubrir y seleccionar a los contratistas y proveedores de conformidad con criterios objetivos, instruir expedientes cuando por su cuantía sea legalmente exigible, así como controlar que las obras y suministros contratados se ajusten a los proyectos y condiciones aprobados y evitar la urgencia en los procedimientos de contratación de obras a los estrictamente imprescindibles, concluye el informe.