La oficina del Defensor del Pueblo está investigando el estado de cumplimiento del Proyecto 'Doñana 2005', aprobado por el Real Decreto-Ley 7/1999, de 23 de abril, para la regeneración hídrica de las marismas tras los vertidos provocados por la rotura de una balsa minera en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998 que contaminó más de 4.000 hectáreas, después de recibir varias quejas de colectivos ciudadanos, alguno de ellos formado por ex miembros del Patronato del Parque Nacional, actualmente Consejo de Participación.

En este sentido, el abogado y portavoz del Club de Doñana, una de los promotoras de la queja ante el Defensor, Jesús Vozmediano, ha explicado a Europa Press que la reclamación es "por el incumplimiento de la ley". Este proyecto "ambicioso", aprobado por el entonces Patronato de Doñana y posteriormente por el Gobierno de José María Aznar por un Real Decreto, "se tenía que haber terminado en el año citado en el título del mismo, 2005", ha apuntado.

La finalidad de dicho proyecto, aprobado en junio de 1998 por el Consejo de Ministros para regenerar el entorno del Parque Nacional de Doñana, es que las marismas recuperen su dinámica tradicional tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998.

El plan contiene una serie de actuaciones, fundamentalmente obras hidráulicas de interés general, destinadas a recuperar las cuencas y cauces vertientes a la marisma de Doñana, entre ellos la cuenca del río Guadiamar. En concreto, prevé la restauración de los arroyos de Soto Chico y Soto Grande, del arroyo de la Laguna de los Reyes, del arroyo del Partido y de la marisma Gallega, así como la depuración de las aguas residuales del Rocío. También contempla la recuperación de la funcionalidad del caño Guadiamar y del Brazo de la Torre, la restauración del caño Travieso, y el control y permeabilización de la marisma frente al río, Brazo de la Torre y Entremuros.

"Ya han pasado más de seis años y las actuaciones más importantes ni se han iniciado", ha lamentado Vozmediano, precisando que entre éstas se encuentran la recuperación de todo el arroyo del Partido, que está "degradado y erosionado", la recuperación integral de toda la cuenca del caño Guadiamar, que "sigue cortado y desviado en Entremuros".

Según han indicado fuentes de la oficina del Defensor del Pueblo a Europa Press, de momento han pedido a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información al respecto y cuando la reciban será cuando "analicen la posibilidad de visitar la zona". Con esta investigación, pretende obtener información fiable sobre el estado de cumplimiento de esas actuaciones, según adelanta 'Diario de Sevilla' en la edición de este miércoles. En este sentido, el departamento de Díaz Trillo ha apuntado que están recabando documentación e investigando para ponerla a disposición del Defensor.

"incumplimiento del gobierno"

Por otro lado, Vozmediano ha asegurado que el "incumplimiento" es del Gobierno central porque este proyecto de carácter nacional fue encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) dirigido entonces por Isabel Tocino, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, competencia del MARM. No obstante, ha aclarado que "la Junta, desde que ostenta la gestión de Doñana, también está obligada a colaborar".

Además, considera un aspecto "aún más grave" el hecho de que este proyecto se presentara por el Gobierno español ante la Unesco para que ésta no incluyera Doñana en la lista de zonas en peligro tras el suceso de Aznalcóllar. En este sentido, ha añadido que han denunciado ante el organismo internacional lo mismo que ante el Defensor, "el incumplimiento de la ley".

Asimismo, ha informado de que para el impulso de este proyecto se creó una comisión científica, que "no se reúne desde hace cuatro años". En este sentido, ha resaltado que es el Gobierno de la nación "el que tiene que exigir su cumplimiento, pues tiene la obligación de velar por todos los Parques Nacionales".

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