La consellera de Asuntos Sociales y diputada del Bloc, Fina Santiago, ha criticado que la entrada en el Parlament del presidente del PP, José Ramón Bauzá, ha coincidido con el bloqueo por parte del PP de la tramitación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dado que, según ha revelado, la presidenta de la Ponencia en la que se deben debatir las enmiendas parciales a esta normativa, la 'popular' Isabel Llinàs, le informó este martes de que no tenía intención de convocar este órgano.

En una rueda de prensa, Santiago ha censurado que con esta actitud, el PP evitará que se debata en el Pleno la citada Ley, aprobada por el Govern el pasado 11 de junio y que, entre otros aspectos, contempla que el impago de las pensiones se considerará un caso de violencia económica contra las mujeres equiparable a la violencia física o psicológica.

Por ello, la consellera ha pedido a Llinàs que convoque la Ponencia para poder debatir las enmiendas, teniendo en cuenta que hasta la entrada en el Parlament de Bauzá, la dirigente 'popular' "se mostraba partidaria de votar esta Ley y no en contra".

En esta línea, ha criticado que el "cambio de actitud" de quien fuera directora del Institut de la Dona en la pasada legislatura "coincide" con la toma de posesión de su escaño de Bauzá, después de que Jaume Font decidiera darse de baja del PP.

"Si los 'populares' quieren votar en contra de la Ley, dependerá de su voluntad, pero este partido no puede secuestrar el debate", ha recalcado Santiago, quien ha destacado que esta normativa había sido muy trabajada con el PP, razón por la cual ni este partido, ni UM "habían presentado ninguna enmienda a la totalidad".

Así, ha indicado que ella estaba dispuesta a pactar el 70 por ciento de las enmiendas parciales presentadas por el PP a la Ley de Igualdad, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas reclaman dar una mayor estructura al Instituto Balear de la Dona, algo que comparte Santiago.

Por ello, ha dicho que "nada justifica que esta normativa esté aún pendiente de discusión en el Pleno" y, en esta línea, ha recordado que, hasta la entrada de Bauzá en la Cámara, el PP "siempre se mostró partidario de que esta normativa se pudiera debatir, a pesar de que no tenía definido el voto".

En esta línea, ha admitido que Llinàs ya había avanzado que a elle le "costaba votar a favor", porque lideró la Ley para la Mujer aprobada en 2006 y que ahora está en vigor, si bien ya había confirmado que "no votaría en contra".

Preguntada por las razones que ha esgrimido el PP para no convocar la citada Ponencia, Santiago ha manifestado que Llinàs no se las comunicó este martes, cuando la dirigente del Bloc se dirigió a ella en los pasillos del Parlament para mostrarle su "preocupación" por el "retraso" en la tramitación de la Ley de Igualdad.

Por su parte, el portavoz del Bloc, Biel Barceló, ha pedido al PP que la entrada de Bauzá en la Cámara balear "no se convierta en un acto en contra de la igualdad entre hombres y mujeres" y, en este sentido, ha lamentado que la intención que manifiesta este partido es que "no saldrá nunca la citada Ley" durante esta legislatura en la que restan únicamente entre cuatro y cinco Plenos.

De este modo, ha censurado que si "no hay voluntad" para tramitar esta normativa "no habrá tiempo para aprobarla", mientras que otras Leyes que se han tramitado posteriormente, como la Ley de Mediación Familiar, "sí que se han aprobado". "Si hay voluntad de que la Ley de Igualdad salga adelante, hay que ponerse a trabajar ya, aunque, en estos momentos, el PP nos transmite todo lo contrario", ha zanjado.

Violencia económica

El Proyecto de Ley de Igualdad, aprobado por el Ejecutivo y que tiene siete títulos y 93 artículos, define el concepto de violencia económica como "la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos; o la discriminación a disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja".

Así, la normativa permitirá a las víctimas de esta violencia económica acceder a las mismas prestaciones y ayudas que las disponibles para las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas, cosa que actualmente no pueden hacer. Además, prevé que un informe social que acredite que una mujer ha sido víctima de cualquier tipo de violencia machista será suficiente para que pueda percibir dichas ayudas, mientras que hasta ahora se debía presentar una denuncia y esperar una sentencia.

Otra novedad del Proyecto es que obliga a las administraciones públicas -Govern, Consells Insulars y ayuntamientos- a tener en sus órganos colegiados y de selección de personal una representación equilibrada de hombres y mujeres. El Govern entiende por representación equilibrada que cada sexo no supere el 60 por ciento ni sea inferior al 40 por ciento.

Asimismo, el texto marca que las administraciones públicas han de abstenerse de formalizar contratos con empresas que estén sancionadas administrativamente o condenadas por promover o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias para las mujeres. Esta abstención se mantendrá mientras dure el periodo de sanción o condena.

Otra de las disposiciones relativas a las mujeres maltratadas es la que les otorga más puntos, una vez haya sentencia judicial, a la hora de optar a un piso del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). Asimismo, el texto consolida el Consejo de Participación de las Mujeres y se reafirma la necesidad de mantener la existencia de un órgano autonómico, el Instituto Balear de la Mujer, como impulsor de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma.

La Ley también garantiza una cobertura mínima de servicios que las administraciones deben mantener: una plaza en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista por cada 3.500 mujeres y un centro de información para cada 100.000 mujeres.

Finalmente, prevé la creación de la figura del Defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres, que será adjunta al Síndic de Greuges, que vigilará y recibirá quejas de todos los temas de igualdad referidos al ámbito privado.